Vecinos de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, llaman al Gobierno capitalino a abrir mesas de trabajo para atender las denuncias de predios irregulares en esa demarcación, tal como lo hicieron en Benito Juárez
En entrevista con 24 HORAS, Martha González, quien pidió cambiar su nombre, comentó que los vecinos de la colonia Escandón argumentó que tras la suspensión de actividades del predio ubicado en Progreso 172 (por no acreditar al momento su uso de suelo), donde se ubica la taquería Don Eraki, no se tomaron medidas cautelares para construcciones inmobiliarias como la de Francisco Murguía 86, Salvador Alvarado 61, Benjamín Franklin 48, y Cerrada de la Paz 15.
Por otra parte, Raquel Sánchez, otra vecina que también pidió cambiar su nombre, lamentó el hecho sucedido con Daniel Tabe, padre del alcalde Mauricio Tabe, quien amagó con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) local que colocaba sellos de suspensión en su taquería, pues aseguró que este tipo de hechos nunca se habían presentado en la colonia.
“No nos sentimos seguros al tener este tipo de actos fomentados por el propio papá del alcalde, pues él está creando toda esta inseguridad e incertidumbre para los vecinos. Queremos que se vaya (el alcalde), que renuncie por dignidad”, expuso.
De alto impacto
Por otra parte, sobre la constancia de acreditación de uso de suelo que exhibió la alcaldía Miguel Hidalgo a través de redes sociales, en la que se habla de derechos adquiridos en Progreso 172 (donde se ubica la taquería de los Tabe) para uso comercial y de oficinas de bajo impacto, el abogado Hugo Torres, comentó que esto no aplicaría en este caso, pues indicó que el establecimiento excedió los límites de la norma.
“Los únicos antecedentes con derechos adquiridos, para Progreso número 172, son los de oficinas y notaría, además el suelo es para uso habitacional, entonces la taquería no aplica los derechos adquiridos”, comentó.
El pasado lunes, 24 HORAS publicó que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, edificó una nueva sucursal de tacos árabes “Don Eraki”, ubicada en Progreso número 172, y la cual violó el uso de suelo, y de acuerdo con los documentos el alcalde es accionista de esta cadena de restaurantes.
Cuestionada sobre el tema, la jefa de Gobierno Sheinbaum respondió que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México harían una investigación.
De acuerdo con el Invea, el establecimiento ameritó la suspensión de actividades por no comprar su legal funcionamiento; al momento de la colocación de los sellos, el funcionario Jose Reyes fue agredido con un arma blanca, por lo que más tarde levantó una denuncia contra Daniel Tabe Tabe, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación.
FRASE
“Le pediría a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que pusiera especial atención a lo que está sucediendo en la alcaldía para evitar tragedias como lo que pasó en la Benito Juárez y que estamos empezando a experimentar, y que así como abrieron mesas con la BJ, nos dé la oportunidad de abrirlas en la Miguel Hidalgo”
Martha González
Vecina de Escandón
Declaran exdelegados por Cártel Inmobiliario
Respecto al llamado Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia informó que se llamó a declarar a exdelegados y servidores públicod de la demarcación, así como accionistas de empresas y desarrrolladores inmobiliarios.
“Cuyos vínculos posiblemente están encaminados a la comisión de delitos tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal como enriquecimiento Ilícito y ejercicio Indebido del servicio público más lo que resulte”, destacó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López.
También informó que 46 cuentas bancarias con un posible vínculo directo con personas y empresas relacionadas con el caso, la mayoría de ellas del sector bienes raíces, ya son investigadas por autoridades federales como la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, para determinar la posible comisión de otro delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
LEG