El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) firmó bajo protesta la acción de inconstitucionalidad que el Bloque de contención en el Senado presentó este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas a la Ley de Guardia Nacional (GN) que permite a esta corporación estar bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Desde Movimiento Ciudadano advertimos que llegaríamos hasta las últimas consecuencias para frenar este golpe a la Constitución que desvirtúa el carácter civil de la Guardia Nacional y formaliza su militarización”, señaló el senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.
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No obstante, aclaró que su bancada firmó la acción bajo protesta debido a que senadores y senadoras de distintas fracciones pretenden "lavarse la cara" por su inconsistencia en la lucha contra la militarización del país; ello luego de haber votado la semana pasada a favor de mantener a las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública hasta 2028.
MC detalló que en la acción presentada ante la Corte junto con el resto de los partidos que integran el bloque (PAN, PRI, PRD y GPlural), se alegan cinco violaciones a la Constitución del decreto aprobado el 8 y promulgado el 9 de septiembre pasados.
De esa manera consideraron que se viola el pacto Constitucional, ya que mediante leyes secundarias excluye a la Secretaría de Seguridad del control de la Guardia Nacional para reasignarlo a la Sedena, en contradicción a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.
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Además señalaron que, el Congreso de la Unión excedió su competencia, ya que la Constitución rechaza cualquier escenario en el que el cuerpo policial de la Guardia Nacional quede adscrito a un mando permanente distinto al civil; de ahí que también se esté violando el régimen transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional, ya que hace imposible que los elementos de la Guardia Nacional puedan estar subordinados a un mando civil, porque todos sus elementos estarían adscritos a la Sedena.
En la acción también indican que se transgrede el artículo 119, ya que ahora la Guardia Nacional podrá intervenir en la seguridad pública local, eliminando el requisito Constitucional de que la Entidad Federativa solicite su auxilio cuando se requiera.
Y aseguran que “el decreto, de facto, suspende las garantías y los derechos humanos constitucionales, ya que para aplicarse tendría que seguir el procedimiento establecido por el artículo 29 Constitucional”.