En aquellos días en los que Andrés Manuel López Obrador ya era Presidente electo de México, en los que Enrique Peña Nieto se desaparecía por completo de sus obligaciones, se venía venir una primera decisión política que dentro y fuera del círculo del candidato ganador le advertían que tendría enormes daños económicos para el país.
Hoy no cuesta trabajo creer que simplemente no escuchó a nadie y dictó su personalísima decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Más allá de su 40% de avance, lo que tiró López Obrador con su autoritaria determinación política fue la confianza.
Y aquí estamos de nuevo, en la antesala de sufrir las consecuencias de una mala decisión de este régimen que agrave los problemas económicos del país.
Una vez más, hay voces internas y externas a la 4T que le hacen ver a López Obrador que no hay justificación, ni económica ni legal, para mantener el bloqueo a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, del sector energético mexicano.
Se repite la historia de la cancelación del NAIM. Las voces prudentes son silenciadas y marginadas para dar paso a los vendedores de espejitos que guían al propio régimen a un fracaso que ni los más fieles podrán negar.
Si Raquel Buenrostro llegó a la Secretaría de Economía para tratar de imponer, con la dureza que la ha hecho famosa, la visión de López Obrador de que sus principios nacional-populistas están por arriba de cualquier acuerdo comercial, este régimen se va a topar con la dura realidad de que la ley sí es la ley.
No es lo mismo doblar a una empresa, a un político o a un contribuyente mexicanos que pretender que el Gobierno de Estados Unidos renuncie a defender los derechos de sus empresas que están garantizados en un tratado comercial que este mismo Gobierno negoció y suscribió.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó consultas con su contraparte mexicana para lograr un arreglo a su demanda de trato desigual a las compañías del sector energético de su país. Ese plazo ya concluyó y a partir de ahora en cualquier momento se puede anunciar o un acuerdo o el establecimiento de un panel de solución de controversias.
Así como muchos consideraban una exageración que la cancelación del NAIM marcaría el futuro económico de este régimen, así no son pocos los que consideran que no es para tanto enfrentar este mecanismo contemplado en el T-MEC del que pueden salir sanciones fuertes a las principales exportaciones mexicanas.
Pueden ser cuotas compensatorias a los automóviles o a los aguacates. Sería un daño económico enorme que daría otro duro golpe a la confianza ante un Gobierno que prefiere defender una decisión personalísima antes que a su industria exportadora.
Hay un trato desigual a las empresas privadas en materia energética, las empresas mexicanas tienen poco margen de defensa y ven cómo cancelan sus permisos, no les pagan y son aniquiladas.
Pero las empresas estadounidenses y canadienses tienen ese acuerdo comercial que las respalda y, aunque no lo quiera ver el Gobierno de López Obrador, pero para aquellos países la ley sí es la ley.
@campossuarez