México enfrenta dos escenarios que se convierten en sus retos más delicados. Por un lado, la violencia y la inseguridad, que persisten en distintas zonas del país; por otro, la inflación, que se mantiene y se traduce en el aumento de precios de bienes y servicios, con la posible pérdida de calidad de vida en el mediano plazo.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, las autoridades mexicanas actuaron de manera estratégica para contener los efectos negativos, tanto sociales como económicos. El gasto en bienestar social y la inversión en infraestructura para el desarrollo permitieron sostener el mercado interno y recuperar paulatinamente los empleos perdidos.
Sin embargo, hoy, factores internos y externos nos obligan a mantener a la vista aquellas áreas de la vida pública en que tenemos la obligación de actuar de manera constante y cotidiana, particularmente para evitar el círculo vicioso que se da entre precarización económica e inseguridad.
A pesar de los resultados obtenidos en materia de seguridad (reducción de 10% en delitos de alto impacto), el Inegi nos da a conocer que la percepción aún es alta entre la ciudadanía: 66.2% de la población mayor de edad considera inseguro su lugar de residencia.
Sin duda, la coyuntura se presenta como la mejor oportunidad para seguir adelante y consolidar la estrategia de seguridad, una vez que se desahogue la discusión de la reforma constitucional en los congresos estatales. Mientras la población se sienta insegura, no podremos bajar la guardia.
Por su parte, la inflación es un fenómeno económico que conlleva cierto grado de incertidumbre, sobre todo cuando depende de un amplio universo de factores, muchos de ellos ajenos a nuestro control. Por tanto, ante el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como el proceso de estabilización de la economía global pospandemia, México debe continuar por el rumbo del equilibrio macroeconómico, de la inversión en infraestructura para generar empleo, así como de los subsidios sociales masivos.
Esta combinación de instrumentos de política monetaria, económica y social permitirá a nuestro país resistir los embates de la inflación, y así dar certeza de que el Estado está actuando para garantizar el bienestar social de la población, particularmente de los sectores más vulnerables.
En ambos casos es necesario mantener las acciones de los distintos órdenes y niveles de Gobierno, para evitar que en el largo plazo este escenario se convierta en un fenómeno interrelacionado, en el que la precariedad económica conduzca a un repunte de la inseguridad.
Hoy conocemos los retos que enfrentamos, pero, sobre todo, las alternativas crisis recurrentes que por décadas nos colocaron en una situación de vulnerabilidad ante los choques económicos que alimentan las condiciones de desigualdad social y, en consecuencia, de las conductas antisociales.
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