El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer dos reformas al sistema de justicia para sancionar con mayor severidad el feminicidio en caso de existir una medida cautelar de por medio, y para robustecer las herramientas para que las instituciones de procuración e impartición de justicia prevengan y erradique este delito.
El diputado Felipe Macías (PAN) refirió que las modificaciones que presentaron al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una respuesta a quienes lo único que han recibido de las fue negligencia, corrupción e hicieron aún más grande su dolor y su sufrimiento.
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Detalló que el dictamen aprobado obliga a las entidades federativas a la creación de centros de justicia especializados para las mujeres, a la reparación integral del daño para las víctimas y también la perspectiva de género en todos los procesos del sistema de justicia penal para que los servidores públicos encargados de procuración de justicia, no solamente sepan cómo actuar ante los casos de violencia de género, sino que también lo hagan con sensibilidad.
“Este dictamen lo hemos denominado Ley Reyna, un homenaje póstumo a Reyna González, víctima de feminicidio, su caso derivó en la detención del feminicida serial de Atizapán (…) los familiares de Reyna decían que además de exigir castigo al agresor, no iban a descansar hasta que hubiera castigo también para las autoridades que cometieron negligencia, corrupción y omisión en la investigación.
“Exigimos, pedimos, que los encargados de administrar la justicia en este país hagan su trabajo y lo hagan bien, porque de eso depende salvar vidas, pero que no le estén preguntando a una mujer que va a denunciar violencia, que cómo iba vestida, que qué hacía a ciertas horas de la noche. Eso debe terminar y tiene que acabar ya”, expresó.
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La otra reforma aprobada aumenta la pena corporal hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo a quien cometa el delito de homicidio, a pesar de tener una medida cautelar impuesta para protección de la víctima.
Sobre este dictamen, la diputada Mirza Flores (MC) criticó que se busque aumentar las pena para aquellos que rompan las medidas de protección y no se invierta en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, pues probado está que elevar las penas no inhibe los feminicidios.
RM