Con la suspensión de las normas que rigen la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador habrá riesgo de que lleguen al país productos contaminados, caducados y no aptos para su consumo, alertó el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN).
Estos alimentos, continuó, representará un riesgo sanitario y pueden poner en riesgo millones de vidas, propagar enfermedades y hasta generar desconfianza en el mundo, por lo que los productos nacionales serían rechazados en el mercado internacional.
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Agregó que el grupo parlamentario de Acción Nacional exigió a López Obrador garantizar las medidas de control de riesgos sanitarios y fitosanitarios que realizan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en materia de alimentos y productos, además de cancelar el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) en aquellas disposiciones que pongan en riesgo los alimentos que consumen los mexicanos.
Además, el grupo parlamentario solicitó la comparecencia de los titulares de éstas dependencias para que expliquen como se garantizará la seguridad de los alimentos y productos que se importan al país, puesto que se está poniendo en grave riesgo la salud de la población “por las ocurrencias del Presidente”.
“Esa política de relajación de las medidas de regulación sanitaria ya lo experimentamos hace meses en el abasto de medicamentos; la Secretaría de Salud y COFEPRIS dejaron de hacer su trabajo y de inmediato llegaron a México medicamentos de dudosa procedencia, empaquetados en idiomas extranjeros como el lituano y con las fechas de caducidad vencidas, que llegaron a poner en riesgo la vida de personas que los consumieron”, señaló Ramírez Barba.
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Aseveró que si se deja de ejercer el control sanitario de los alimentos el Gobierno federal estará incurriendo en una grave violación a la ley, que deberá ser castigada y tener consecuencias para los servidores públicos que incumplan en su deber de proteger la salud de la población.
LDAV