La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la constitucionalidad del acuerdo presidencial de 2020, el cual permite el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de Seguridad Pública hasta marzo de 2024.
Por ocho votos contra tres, los ministros validaron que el Estado mexicano puede utilizar al Ejército y la Marina para combatir el crimen y apoyar a las corporaciones civiles en acciones policiales, de manera extraordinaria y fiscalizable.
La sentencia fue elaborada por la ministra Margarita Ríos-Farjat, en la que se desechó la controversia constitucional ingresada por la Cámara de Diputados por una supuesta militarización del país.
Durante el debate, la ministra Ríos-Farjat pidió a sus homólogos no politizar el tema y tomar en cuenta que el Constituyente permanente ha aprobado leyes para que las Fuerzas Armadas apoyen a las corporaciones civiles.
Abundó que el acuerdo de mayo de 2020, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene su base en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, en el que se autoriza la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, el cual fue reformado hace unos meses para ampliarlo hasta 2028.
Al respecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expuso que el acuerdo no invadió las atribuciones del Congreso, pues sólo atiende a lo que indica el artículo quinto Transitorio que facultó al Presidente a disponer de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró que el acuerdo se ajusta a los estándares materiales de la reforma de 2019 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población el cumplimiento de dicha obligación mediante la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, aunque de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
A favor de que el Ejército siga en las calles en apoyo de tareas policiales votaron el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, así como Margarita Ríos-Farjat, Loretta Ortiz Alhf, Javiera Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández; en contra estuvieron Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alberto Pérez Dayán.
FRASE
“(Validar el acuerdo) no normaliza la militarización, ni constituye una medida que evidencia una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el Constituyente dispuso en la propia Constitución”
Margarita Ríos-Farjat
Ministra de la Corte
LEG