Los organismos constitucionales autónomos son órganos de control del poder y producto de la evolución del principio de división de poderes, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Al participar en el panel del Seminario Internacional Estado de Derecho y combate a la corrupción en América Latina, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, explicó que en México todos los órganos constitucionales autónomos cumplen funciones que son eminentemente técnicas y que, por lo tanto, “deben estar sustraídas al ejercicio a partir de determinadas visiones o posturas políticas”.
Señaló que la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos buscan fortalecer los controles y contrapesos del poder.
“Los órganos autónomos son órganos de control, como también son los poderes en su recíproca interacción en una lógica de una democracia constitucional”, enfatizó.
En México, dijo, los organismos constitucionales permitieron encauzar la transición a la democracia; es decir, surgieron como una manera de democratizar el sistema político a partir de la sustracción de atribuciones que originalmente estaban en el Gobierno.
“Todos los órganos constitucionales autónomos en el país ejercen funciones que antes, en el presidencialismo autoritario del régimen del siglo pasado, se cumplían por el Gobierno”, recordó.
Córdova sostuvo que todo intento por reforzar el Ejecutivo en México y en el mundo es un fenómeno claramente antidemocrático y, en este sentido, regresivo.
“Los órganos constitucionales autónomos, por su propia definición, son incómodos al poder de cuyas atribuciones se sustrajeron y que es objeto justamente de la función de control que desarrollamos”, indicó.
Esta función de control, detalló, no es solamente una de auditoría, “es también una función de garantía de derechos, precisamente porque la lógica misma con la que surge el constitucionalismo moderno es el control y la regulación de poder para garantizar las esferas de libertad”.
Los institutos electorales, indicó, deben “garantizar el efectivo cumplimiento y ejercicio de los derechos políticos y lo mismo vale para el derecho a la información o el derecho a la libre competencia”.
PLAZOS VENCIDOS
Por otra parte, el consejero Ciro Murayama informó que el próximo año no se organizará ninguna consulta popular, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá enfrentar el recorte presupuestal de cuatro mil 475 millones de pesos.
De acuerdo con el integrante del Consejo General, el 30 de noviembre pasado se venció el plazo para que ciudadanos o el Ejecutivo federal solicitaran la organización de ese tipo de ejercicio de participación ciudadana.
“En 2023 no habrá ninguna consulta popular a nivel nacional. Ayer venció el plazo para solicitarla. Así que, a pesar del recorte, el INE estará en condiciones de iniciar la preparación de las elecciones de 2024 en los términos que manda la Constitución”, señaló en su cuenta de Twitter.
El INE solicitó cuatro mil 25 millones de pesos para una eventual consulta popular en 2023, pero los plazos legales para solicitarla ya pasaron, por lo que el próximo año no habrá ejercicios de ese tipo en el país.
LEG