La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez por la actuación de los elementos a su cargo contra migrantes en marzo de 2020.
La Recomendación 215/2022 se realizó por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad personal cometidas por, al menos, nueve servidores públicas pertenecientes al Servicio de Protección Federal (SPF) de la SSPC, a la Guardia Nacional (GN) y al INM, en contra de 28 migrantes.
En un comunicado, el Organismo advirtió que la agresión sucedió el 25 de marzo de 2020, cuando los migrantes se encontraban alojados en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.
Según los escritos que la CNDH recibió de los quejosos, un grupo de casi cien personas originarias de Honduras y El Salvador, se concentraron en el patio del recinto migratorio, protestando por su estancia prolongada y solicitando la resolución de su situación migratoria, además de que algunos de ellos intentaron escapar.
Por lo que elementos de la GN ingresaron portando equipo antimotines, con la finalidad de disuadir al grupo protestante, y que, 24 de los manifestantes que fueron identificadas por las autoridades, fueron conducidos a los baños donde se les agredió física y verbalmente, para luego trasladarlos a la Estancia Provisional del INM en San Cristóbal de las Casas y a la Estación Migratoria en Palenque.
El Organismo Autónomo consideró que las autoridades no realizaron ninguna acción para brindarles información a los migrantes y se les mantuvo en la incertidumbre jurídica; además, comprobó que el despliegue de fuerza fue excesivo, con los golpes que presentaron las víctimas.
Por estos hechos, indicó la CNDH, la titular de la SSPC y el comisionado del INM deberán proceder a la reparación del daño ocasionado a los 28 migrantes afectados, como el de otorgar la atención médica y los medicamentos que requieran las víctimas.
Además, deberán ofrecer cursos de capacitación en materia de derechos humanos, al personal involucrado en los hechos.
El Organismo pidió a los titulares de las dos dependencias que, en caso de aceptar de la Recomendación, designen a un funcionario para que le dé el seguimiento necesario.
FRASE:
“Tanto la SSPC como el INM deberán diseñar y elaborar, respectivamente, protocolos de actuación que consideren los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza” Comunciado CNDH
LEG