El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pronostica que en el primer año de prohibición de importaciones de maíz transgénico, previsto para 2025, los precios del maíz no modificado aumentarán 48%, y México pagaría 571 millones de dólares adicionales por importarlo.
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Actores del sector coinciden en que incluso la meta de 2025 es inviable, salvo que se quiera asumir un alza de 19% en el precio promedio del maíz, según cálculos del CNA, gremio que ha advertido que la restricción afectaría la seguridad alimentaria en América del Norte.
Para la investigadora Ana De Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, si el Gobierno no tiene un plan para sostener la prohibición “nada más está haciendo propaganda”.
De Ita señala contradicciones de la administración federal, como la liberación de aranceles que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó en noviembre para importar maíz, también genéticamente modificado, de Sudáfrica, como parte del plan para contener los aumentos de precios.
“¿Quieres que la gente coma y bajar la inflación o quieres que la gente se alimente sanamente? En este momento y de la noche a la mañana las dos cosas no se pueden”, asevera.
Cambiar maíz transgénico por alternativas naturales es posible, apelando a proveedores como Rumanía, Argentina, Brasil o incluso Estados Unidos, pero disputándose esa provisión con otros compradores.
“Si vas a querer competir pues lo vas a pagar más caro”, advierte Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
México se ha propuesto eliminar las importaciones de maíz transgénico desde Estados Unidos, pero se vio obligado a retrasar el inicio de la prohibición por su dependencia de ese insumo y la imposibilidad de sustituirlo a corto plazo.
“¿De dónde vamos a sacar 17 millones (de toneladas) de maíz transgénico que hoy importamos? Es catastrófico, no veo de dónde, cómo y cuándo”, dice Genaro Bernal, director del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, gremio de productores de alimento para ganado.
El veto debía entrar en vigor en 2024. Sin embargo, fue aplazado un año tras discusiones en diciembre con Estados Unidos, que ha expresado su malestar por las restricciones planteadas en el decreto emitido en 2020.
Medida sensible
La prohibición es una medida sensible para un país que depende de la variedad transgénica del maíz amarillo, clave para la alimentación animal y decenas de industrias.
México importa anualmente unos 17 millones de toneladas de maíz amarillo y es el segundo comprador mundial de ese grano después de China. Pero es autosuficiente en la producción de maíz blanco, no transgénico, exclusivamente para consumo humano y base de la dieta de sus 126 millones de habitantes.
Del maíz importado, 95% proviene del mercado estadounidense, cuya producción es 93% transgénica. La provisión de su principal socio está consagrada en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ante esa realidad, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, abrió incluso la posibilidad de revisar la medida si en 2025 México no logra sustituir el grano estadounidense por otro que no sea genéticamente modificado.
El decreto del presidente, que aduce una “protección al maíz nativo y la riqueza biocultural”, además de “una transición a alimentos más saludables”, dispone igualmente la eliminación gradual del herbicida glifosato, cuyo uso quedará prohibido en 2024.
LEG