El Gobierno ha encontrado en el juicio a Genaro García Luna un pretexto ideal para distraer a la opinión pública de hechos que afectan la vida cotidiana del país y de otros que la afectarán irremediablemente en el mediano plazo.

La inflación no da tregua, la calidad del empleo generado ni siquiera llega al que había antes de la pandemia.
Ni que decir de los servicios médicos y mucho menos de la seguridad, un tema que al Gobierno parece merecerle menos atención a juzgar por el empleo de 6,600 guardias nacionales en las estaciones del Metro, supuestamente para vigilarlo.

Ya se documentó que el Metro tiene más guardias nacionales que 29 de los 32 estados del país y aún así están en el lugar equivocado.

¿Por qué no están en los paraderos de Indios Verdes o de Pantitlán, donde diariamente ocurren robos y asaltos? ¿O en el Paradero de Taxqueña?

Tenerlos de pie en los andenes no ha evitado que los hechos típicos de un tiempo para acá dejen de ocurrir.

Sin embargo, el asunto que debería preocuparnos a todos es el tema de la mal llamada reforma electoral aprobada a las prisas por Morena y sus rémoras, que ya fue impugnada por los partidos de oposición.

Ayer lo hicieron las bancadas del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados y la de Senadores.

El INE también impugnó la reforma conocida como “Plan B’’, que se utilizó para no modificar la Constitución, pero sí las leyes secundarias de tal manera que, como lo advirtió el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, se pone en riesgo la certeza de las elecciones en este año y, si la Corte no decide otra cosa, las de 2024, incluida la presidencial.

El Plan B representa, en síntesis, la mutilación de las atribuciones que tiene el INE para la fiscalización de las campañas y precampañas, para la capacitación de los miles de ciudadanos que sirven en las elecciones; elimina los módulos de atención y ordena que estos sean colocados en oficinas del Gobierno.

Por si no fuera suficiente, el pasado 28 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones aprobadas a la Ley General de Comunicación social, que exenta a los funcionarios públicos de cumplir con las restricciones que la Constitución señala en materia de difusión.

Entre las modificaciones a dicha ley, se permitiría que, por ejemplo, los gobernadores pudieran ejercer en apoyos a partidos y candidatos todos los recursos que no estén etiquetados para “comunicación social’’.

Lo anterior generaría inequidad en las contiendas y limitaría al INE para sancionar a los funcionarios públicos que desvíen recursos para favorecer a partidos y/o candidatos.

Pretender que ésta mal llamada reforma no afectará al país en el mediano plazo, es vivir en el mundo paralelo del Gobierno.

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Una jueza local de Oaxaca determinó dejar sin efecto la prisión domiciliaria que otro juez, Teódulo Pacheco Pacheco, había regalado al exdiputado del PRI Juan Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del atentado a la vida de María Elena Ríos.

La determinación se tomó luego de que las autoridades oaxaqueñas informaron que no había condiciones para garantizar que Vera Carrizal no se diera a la fuga.

Así que el sujeto que pagó para que le rociaran ácido a la cara a Elena Ríos, se quedará en prisión.

Una buena para el Gobierno oaxaqueño.

LEG