Han pasado 13 días desde que el segundo paquete del denominado Plan B en materia electoral llegó a la Cámara de Senadores y es la fecha en que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, no ha convocado a reunión de Comisiones para dictaminar.
Algunos mal pensados creen que lo que está haciendo la morenista es dilatar la aprobación de estas reformas a cuatro leyes para evitar que una vez que sean promulgadas por el Ejecutivo, la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE), puedan presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el argumento de Mónica Fernández es que no ha tenido tiempo para convocar a la reunión porque, entre los días de asueto y los de sesión, los integrantes de las comisiones no han estado disponibles, lo que sin duda suena a pretexto.
Hasta ahora el Congreso solo ha aprobado dos de las seis leyes que propuso modificar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas; que permiten la injerencia de servidores públicos en las campañas electorales sin ninguna sanción; además impone un tope de gastos en comunicación social a todos los gobiernos federal, estatales y municipales.
Sin embargo, estas leyes que ya fueron promulgadas no pueden ser aplicadas en este momento porque el asunto está sub júdice, es decir, pendiente de decisión judicial, en este caso de la Corte.
Mismo futuro tendrán las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, entre todas, reducen significativamente la estructura organizacional del INE, lo que deja a la deriva la organización de las elecciones y a más de seis mil personas sin trabajo.
Para que las nuevas reglas puedan ser aplicables en la elección de 2024 deben ser validadas por la Suprema Corte a finales de mayo, porque de acuerdo con la Ley, las Leyes Electorales Federal y Locales deberán promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y deja claro que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Ante los reclamos por el retraso en la dictaminación del segundo paquete del Plan B todo parece indicar que esta semana ya podría salir un dictamen y pasar al Pleno del Senado para ser aprobado por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados; y hay que recordar que solo se modificará un artículo, porque el resto de las leyes ya han sido aprobadas por ambas Cámaras del Congreso.
Ante este panorama, ¿logrará la Corte enfrentar el reto y las presiones externas para declarar inconstitucionales las reformas propuestas por López Obrador?.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
¿Habrán quedado satisfechos Miguel Ángel Osorio Chong y sus senadores con los compromisos adquiridos por el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, en la reunión de la semana pasada, o se seguirán cuidando las espaldas?
@aguilarkarina