Si las encuestas propias, las manifestaciones en las giras, el caudal de defensores en las redes que salen cada día en su defensa colocan al presidente López Obrador, según él mismo, y a su Gobierno como una sucursal del paraíso, ¿por qué les molesta tanto la concentración del próximo domingo?

Si mantienen el apoyo de los 30 millones de mexicanos que lo llevaron a la Presidencia, si la feligresía morenista ha aumentado gracias al reparto indiscriminado de dinero en programas sociales -poco y mal vigilados- ¿de dónde parte la molestia porque un grupo de ciudadanos que no comulgan con su visión de “democracia’’, salgan a manifestarse?

Ni Morena ni López Obrador poseen los derechos de autor sobre las manifestaciones ni tienen escriturado el Zócalo.

Hay en las expresiones presidenciales referentes a la concentración dominguera, rasgos de autoritarismo, de discriminación y de un evidente enojo inocultables.

Aunque desde Palacio Nacional se ha repetido hasta la saciedad que la concentración es a “favor de mantener los privilegios’’, de “no tocar a García Luna’’ y otras sin razones por el estilo, el discurso oficial no ha mermado la intención de los ciudadanos de manifestarse.

No es cierto que convocan Vicente Fox y Felipe Calderón; la concentración, al igual que la marcha de noviembre pasado, es organizada por varias agrupaciones de la sociedad civil a la que se han sumado los partidos políticos de oposición y no al revés.

¿Qué se ganó en noviembre pasado? Que no se enviara una reforma constitucional para acabar con el INE.

Y aunque pareciera poco, porque finalmente el Ejecutivo realizó su reforma electoral modificando las leyes secundarias en la materia, lo que se ganó fue que el Gobierno apresurara dichos cambios incluso violando la propia Constitución.

No es una apreciación personal, sino producto de los muchos análisis que expertos en la materia han hecho; será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida, esperemos que pronto, sí efectivamente el Gobierno cometió una violación constitucional.

La marcha de noviembre sí tuvo efectos; la concentración en defensa de la integridad del árbitro electoral también los tendrá, en uno u otro sentido, pero los veremos casi inmediatamente.

Si el Gobierno es tan apreciado como presume y su partido las tiene ganadas de todas todas, ¿por qué quiere acabar con el árbitro electoral?

Y otra, ¿qué da más que unas decenas de miles se manifiesten?

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Una buena y una mala para la UNAM.

La buena, los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le dieron la razón y resolvieron por unanimidad echar abajo el bozal que se le había impuesto como medida cautelar en la demanda de amparo presentada por la ministra Yasmín Esquivel.

La UNAM sí podrá informar sobre el avance de la investigación por presunto plagio de la tesis de licenciatura de la magistrada.

Peeero, lo que no podrá hacer la UNAM es “dictar resolución, dictamen u opinión alguna’’ sobre el caso hasta que “un juez revise la legalidad de los actos’’.

En cristiano eso quiere decir que el Comité de Ética de la UNAM no podrá decir si Esquivel es o no plagiaria porque estaría violando un amparo concedido a la magistrada.

La decisión del juez al ratificar el amparo implica que la resolución pueda llevarse semanas, meses o años, dependiendo del interés del propio Poder Judicial para terminar con las especulaciones.

Va para largo, pues.

LEG