Estados Unidos asegura que en México existen informes creíbles sobre “problemas significativos de derechos humanos”, entre los que destacan homicidios ilegítimos a manos de policías, militares y funcionarios, desapariciones forzadas y restricciones a los medios de comunicación.
“Entre los problemas significativos de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios a manos de policías, militares y otros funcionarios del gobierno, desapariciones forzadas a manos de agentes del gobierno, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”, indica el informe anual sobre derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado.
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Detenciones o reclusiones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas, actos graves de corrupción gubernamental, investigación y rendición de cuentas insuficientes por violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, delitos de violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales, y delitos de violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad, son otros de los problemas detectados en este informe.
Además, según el mismo documento, existe impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento son un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. “Según informes, algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas delictivas internacionales, y los índices de procesamiento y condena por estos abusos eran bajos”, añade.
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Los elementos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar, según indica este texto.