Después de ahogado el niño, a tapar el pozo. Con este refrán popular como lema opera buena parte del sector público del país, incluyendo a los legisladores que son verdaderos expertos en reaccionar furibundos ante hechos que pudieron evitar legislando a tiempo, pero que no lo hicieron.

 

La cultura de “lamentar antes que prevenir” es casi un deporte nacional en los ámbitos públicos con los enormes costos que ello significa para el país y cuya práctica se multiplica por la ausencia de consecuencias para los responsables.

 

Le doy un par de ejemplos. Con las lluvias y huracanes que azotan al país cada año se lamentan la pérdida de vidas humanas y de bienes por la permisividad de las autoridades municipales y de protección civil para el asentamiento de miles de viviendas en zonas urbanas de alto riesgo. ¿Sabe quién paga por ello? Nadie.

 

Y ni qué decir de los multimillonarios proyectos que cada nuevo gobierno emprende para construir bases de datos ciudadanas o emitir cédulas de identidad que terminan en fracaso. Recordemos la Cédula Única de Registro de Población, CURP; el Registro Nacional de Vehículos, Renave, o el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Renaut. Nadie tomó las medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de esos documentos y de los datos personales. Y tampoco nadie es responsable por esos miles de millones de pesos del presupuesto público que se tiraron a la basura, además de los millones de datos personales que fueron a parar a manos de grupos criminales o a docenas de call centers que los utilizan ilegalmente para fines de mercadeo. ¿Sabe quién paga por ello? Nadie.

 

Últimamente y a propósito del descubrimiento en Estados Unidos de operaciones de lavado de dinero por miles de millones de dólares a través del banco HSBC, nos enteramos que este banco inglés no implementó en México los controles que tenía que aplicar, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -la autoridad que lo supervisa- no tuvo la fuerza legal para detenerlo, que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda no tiene ni el personal ni la capacidad técnica para detectar estas operaciones de blanqueo de dinero provenientes del crimen organizado, y que el Congreso fue omiso en aprobar una “ley antilavado” que realmente sirva para ese fin.

 

Todos estos sujetos que he mencionado están lamentando un caso que permitió que las organizaciones criminales se fortalecieran durante los últimos años con las graves consecuencias que todos conocemos pero que, en su momento, casi nadie se ocupó del caso a pesar de las reiteradas advertencias.

 

Tapar el pozo después de ahogado el niño ha sido una constante en la práctica de las políticas públicas desde los gobiernos y desde el Congreso. Es el pernicioso vértice que en el ejercicio del “servicio” público une el desdén, la corrupción y la impunidad. Un lastre para el espíritu emprendedor que le hace falta a México, según nos lo recordó hace poco el Nobel de Economía Paul Krugman.

 

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