Tal como se veía hasta ayer, la esencia de la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón camina hacia el fracaso en la Cámara de Diputados.

 

Los 30 días que tiene la iniciativa preferente para ser votada por los legisladores se agotan y crece la posibilidad de que los diputados del PRI se decanten por aprobar cambios menores a la Ley Federal del Trabajo ante la presión de los grupos priistas que encabezan la CTM y el Congreso del Trabajo. Ya los partidos de izquierda anunciaron que votarán en contra de los cambios propuestos por el Ejecutivo y que, incluso, adoptarían acciones de fuerza al interior del recinto legislativo a fin de impedir la votación de la reforma en el pleno.

 

Así que la parte medular de la reforma laboral, originalmente enviada por Calderón al Congreso, no tiene buenos augurios para los próximos días; no por lo menos en los cinco aspectos que la definen:

 

Nuevas modalidades de contratación que contemplan contratos para periodos de prueba, contratos de capacitación inicial, contratos para trabajo de temporada y contratos por hora.

 

La regulación del llamado outsourcing como mecanismo de subcontratación de personal.

 

La mayor certidumbre a los costos de despido al limitar a 12 meses los pagos por salarios vencidos en los juicios laborales.

 

La transparencia en la elección de líderes sindicales a través del voto libre, secreto y directo por parte de los trabajadores, y

 

La rendición de cuentas a los trabajadores de las cuotas obrero-patronales y recursos en general que administran las directivas sindicales a través de informes obligatorios, periódicos y auditados.

Este manojo de modificaciones a los artículos de la ley es, en esencia, a lo que se opone la mayor parte de los legisladores que responden a los liderazgos sindicales y de algunos gobiernos estatales al interior del PRI.

 

El repetido argumento de que se afectan los derechos de los trabajadores -que en realidad esconde la intención de los viejos líderes sindicales de mantener el statuo quo– es “muy vendible” ante la opinión pública, pero falaz. Lo cierto es que en las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo no se advierte una intención de debilitar los derechos actuales de los empleos formales que representan 38% de la población económicamente activa y muchos menos aquellos que están sindicalizados. Más bien las modificaciones intentan formalizar a una mayoría de trabajadores que laboran en la informalidad y a la vez ampliar las posibilidades laborales a aquellos que por ser amas de casa, estudiantes o no tener experiencia, no consiguen un trabajo. De eso se trata.

 

Ahora, sin pretextos, es Enrique Peña Nieto encabezando al “nuevo” PRI -si acaso existe- el que tiene la palabra para liderar a los legisladores y a sus aliados en la Cámara de Diputados. Una reforma laboral, como en general la planteó Calderón, hará más fácil el camino para que el nuevo gobierno alcance los siguientes objetivos políticos y económicos que se ha propuesto.

 

Por lo visto, Peña Nieto está empeñado en lograr que se apruebe buena parte de las reformas a la LFT asumiendo, claro, concesiones menores.

 

Quiéralo o no, la reforma laboral se ha convertido en “su” reforma y en el “toque de piedra” para el inicio de su gobierno. Peña Nieto sabe que la apuesta de su capital político ya comenzó, incluso, antes de tomar posesión del gobierno.

 

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