Ante la propuesta de suspender a estudiantes que cometan acoso escolar, defensores de los derechos de la niñez reconocen la importancia de trabajar en esta materia, sin embargo, refieren que no hacen falta nuevas leyes, sino aplicar las ya existentes.
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Reconocen puntos positivos de la propuesta ante el Congreso capitalino el cual plantea que un estudiante que cometa “bullying” deberá ser suspendido de la institución educativa y sólo podrá reincorporarse una vez que se certifique con un aval que ha disminuido el índice de riesgo de recaer en tales conductas.
“Es positivo que haya abordajes a esta problemática desde el legislativo, sin embargo, no es la primera vez que se propone legislar en esta materia y más bien en dónde estamos teniendo deficiencias es en la implementación de estas leyes; no es únicamente el estándar legal, sino su aplicación, sus protocolos, sus cumplimientos”, refirió Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en entrevista para 24 HORAS.
Señaló que lo positivo en esta propuesta “es incorporar el deber de dar una atención médica, sociológica, pero psicológica también, sin embargo hay que recordar que esto ya es deber de la autoridad escolar (…) tiene la obligación de generar espacios en donde los derechos humanos sean una vivencia y sean espacios no sólo libres de violencia, sino donde se enseñen y se den herramientas para solucionar los problemas y las diferencias de maneras pacíficas”.
De esta manera, erradicar el “bullying” no se trataría sólo de una labor punitiva en respuesta a las acciones llevadas a cabo por los estudiantes, sino que en primer lugar se debe de educar y mejorar los entornos en los que se desenvuelven niñas, niños y adolescentes, a fin de transmitir valores que permitan evitar caer en situaciones negativas que vulneren la integridad y los derechos de los estudiantes.
Respecto a los dictámenes que permitieran avalar la reducción del riesgo por parte del alumno señalado como “bullie”, Ramírez Hernández agregó que sería interesante saber quién se encargaría de realizar estas valoraciones y en relación a qué criterios, pues si bien la propuesta refiere que no podrían retomar clases hasta que se reduzca el riesgo, tampoco especifica una referencia que indicara un tiempo estimado para el regreso a las aulas o qué pasaría con la educación de dicho estudiante.
LEG