La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la primera parte del Plan B de la reforma electoral, por mayoría de nueve votos contra dos, con el argumento de violaciones graves al proceso legislativo y porque los diputados no conocieron ni analizaron lo que habían votado.
Los ministros Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y la presidenta, Norma Piña Hernández, sufragaron por anular la totalidad del decreto de las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, el cual entró en vigencia en diciembre pasado.
Dichos cambios acotaban el concepto de propaganda gubernamental y permitían a los funcionarios fijar posicionamientos políticos durante los periodos de elecciones, amparados en la libertad de expresión; con la decisión de la Corte, se mantendrá vigente la veda para que los servidores públicos guarden silencio y suspendan todo tipo de promoción en las campañas.
Los nueve ministros que votaron a favor del proyecto que invalidó el Plan B coincidieron en que se violó el artículo 72 de la Constitución; además, de que no hubo igualdad para la deliberación de esas leyes entre todas las fuerzas políticas, principalmente las minoritarias.
El ministro Pérez Dayán, autor de la sentencia, describió que la iniciativa se recibió en la mañana del 6 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados; la sesión comenzó a las 10:05 horas y se declaró un receso.
A las 23:10 horas se reanudó y la mayoría de legisladores de Morena anunciaron que hacían suya la propuesta del Ejecutivo, pero esta ya tenía cambios y se ordenó su entrega al presidente de la Cámara para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, cuando la sesión ya había comenzado; además, se le dio trámite de urgente y obvia resolución, sin justificación.
En sus posicionamientos, la mayoría de ministros señalaron que los diputados aprobaron el Plan B en un lapso menor a cuatro horas, en el que reformaron más de 300 artículos, lo que generó que no conocieran ni analizaran lo que votaron.
Al respecto, el ministro Juan Luis González Alcántara explicó que “se aprobaron en la misma sesión la reforma de cinco leyes y una nueva ley procesal que implicaba analizar y estudiar más de 300 artículos que son de mayor trascendencia para el país (…) Ninguno de los integrantes de los diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las reformas aprobadas”
En su intervención, Arturo Zaldívar, señalado de ser afín al Gobierno de la llamada Cuarta Transformación, indicó que “sí existieron violaciones al proceso legislativo que afectaron de manera determinante; se privó a los diputados, principalmente a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad; es imposible que hayan podido allegarse de toda la información, procesarla y fijar un posicionamiento”.
La presidenta Norma Piña indicó que, aunado a la violación grave al proceso legislativo, se trataba de una reforma a leyes electorales con una alta complejidad técnica y “la mayoría de los legisladores ignoraban el contenido de la iniciativa” al momento de presentarse y votarse.
Mientras que las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de invalidar la primera parte del Plan B, debido a que,argumentaron, se invaden las facultades del Legislativo.
La ministra Esquivel señaló que el 6 de diciembre por la mañana hubo una reunión de la Junta de Coordinación Política en la que todos los grupos parlamentarios conocieron que a las iniciativas se les daría trámite urgente, por lo que, dijo, se debe respetar la libertad del Legislativo.
Ayer mismo, diputados, senadores y partidos de oposición fueron notificados oficialmente de la decisión de la Corte, al haber sido promoventes de las acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del Plan B.
Consejeros se pronuncian
Por su parte, consejeros del Instituto Nacional Electoral se pronunciaron sobre el fallo de la Suprema Corte, destacando la división de poderes.
El consejero Jaime Rivera afirmó que “la decisión de la Suprema Corte de invalidar la primera parte de la reforma electoral reafirma la división de poderes del régimen republicano y salvaguarda las restricciones a la intervención de servidores públicos en las elecciones. Enhorabuena para la democracia”.
Mientras que la consejera Carla Humphrey publicó en su cuenta de Twitter: “Por transgresiones sustanciales al procedimiento legislativo, la Corte aprobó por 9 a 2 la invalidez total de la reforma legal del 27 de diciembre (1ra parte del llamado Plan B). #ControlConstitucional #CorteModerna #MinistrosyMinistras #DivisionDePoderes”
Al respecto, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el máximo tribunal del país enmendó la plana al Legislativo.
“Hoy nos tocó al poder Legislativo que nos enmienden la plana, por vicios en el procedimiento y ellos tienen los elementos”, declaró el morenista.
También declaró que no se iba “a desbordar en aplausos ni tampoco en felicitaciones simplemente como un constitucionalista me alegra que haya equilibrio de poderes”.
Segunda parte, pendiente
La segunda parte del Plan B -la cual modifica el sistema electoral y compacta la estructura del INE con la proyección de liquidación de al menos 6 mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE)- entró en vigor el 3 de marzo pasado y el 9 de ese mismo mes se presentó una controversia constitucional contra todo el decreto.
El 24 de marzo pasado, el ministro Javier Leynez Potisek concedió la suspensión para inaplicar la segunda parte del Plan B en el país, hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la controversia constitucional, para lo cual todavía no hay una fecha.
Con información de Karina Aguilar
Manifestantes recaban firmas contra ministros
Mientras al interior de la Corte se discutía el destino de la primera parte del Plan B electoral, manifestantes pertenecientes al Frente Internacional Obradorista recababan firmas a las puertas del recinto para solicitar la destitución de los ministros.
“Las firmas que estamos solicitando son para comprobar que el pueblo está de acuerdo en esta iniciativa ciudadana, porque esto no pertenece a ningún partido político ni tampoco a un mandato de nuestro señor Presidente, el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita”, señaló el señor Eduardo Schulz, integrante de dicho movimiento.
Señaló que la meta es conseguir 135 mil firmas, de las cuales, según dijo, llevan cerca de 120 mil.
“Seguimos en pie hasta poder eliminar esa corrupción que está dentro de esa institución porque es la casa del pueblo, no es de ellos”, refirió al tiempo que señalaba al edificio de la SCJN.
A la par de mantener el asedio desde hace dos semanas a las afueras de la Corte, los manifestantes venden artículos como playeras, tazas y los muñecos conocidos como “amlitos”.
Vicios al aprobar el Plan B
Estos son algunos puntos clave sobre el Plan B, que ayer echó abajo la Suprema Corte:
-La primera parte del Plan B eliminaba las restricciones sobre propaganda electoral y permitía a los funcionarios fijar posicionamientos durante los comicios
-La Cámara de Diputados violó el artículo 72 de la Constitución y su propio reglamento, así como el del Senado
-No se acreditó la argumentación para que la iniciativa se tramitara como de urgente y de obvia resolución, con lo que se le dispensaron los trámites legislativos
-En un lapso no mayor a cuatro horas, los diputados recibieron una iniciativa, reformaron cinco leyes y expidieron una nueva y estudiaron cambios a más de 300 artículos
-La mayoría de la Suprema Corte determinó que no hubo tiempo para un debate y deliberación informada del Plan B
LEG