La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la invalidez del decreto aprobado por el Congreso de la Unión, respecto a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocido como Plan B, en materia electoral, vino a colocar nuevamente sobre la mesa la impostergable necesidad de llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial.
El argumento para la negativa de nueve ministras y ministros fue que el Congreso de la Unión incurrió en lo que, a su juicio, fueron graves violaciones al proceso legislativo establecido.
Más allá de las implicaciones de esta decisión, conviene reiterar un punto sobre el que hemos sido enfáticos y que se refiere a la necesidad de reformar un poder que a lo largo de décadas ha permanecido distante de los intereses reales del pueblo mexicano.
Como señalamos, las y los ministros no están midiendo la realidad del país, pero, sobre todo, no toman en cuenta que su determinación afecta su credibilidad ante un pueblo que ya demostró su poca confianza en personas juzgadoras y magistradas.
Por otra parte, en meses recientes salió a la luz el hecho de que las y los ministros gozan de un conjunto de privilegios que los sitúan como una auténtica casta dorada, que tiene poca o nula representatividad (ya no digamos empatía) con los intereses de la mayoría de la población.
Estamos hablando de sueldos de 300 mil pesos mensuales; aguinaldo de casi 600 mil; prima vacacional cercana a los 100 mil; fondo para comer en restaurantes de lujo por 80 mil mensuales; un comedor especial en el que pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, así como un presupuesto de 5.5 millones de pesos por mes para contratar personal, entre otras concesiones a modo.
En un país como el nuestro, en donde se articulan esfuerzos enormes por revertir los niveles de pobreza y el abandono ocasionados por más de 30 años de gobiernos neoliberales y políticas sociales nulas, conocer estos desmesurados privilegios resulta insultante.
No se debe descartar que en algún momento se reciba en el Congreso de la Unión una iniciativa para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, que incluya la elección de las y los magistrados de la SCJN por la vía democrática, es decir, mediante el voto ciudadano.
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