Con el objetivo de prevenir la violencia institucional, la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales del Congreso local aprobó un dictamen en el que se establece que deudores alimentarios y agresores no podrán acceder a cargos públicos.
Temistocles Villanueva, presidente de esta comisión, señaló que las reformas aprobadas al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local buscan evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a cargos de elección popular.
La modificación establece que la persona interesada en contender no debe haber sido sentenciada por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualesquiera de sus modalidades y tipos.
Además, no debe haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género u orientación sexual y no debe estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a que se refieren los artículos 35 y 323 séptimus del Código Civil para la Ciudad de México, ni en el Registro de Personas Agresoras Sexuales.
Al respecto, la Comisión de Igualdad de Género capitalina consideró que la propuesta presentada por las diputadas Martha Ávila y María Guadalupe Morales es viable porque fortalece la Administración Pública Local, además, promueve la prevención de la violencia institucional y apela al compromiso de la ética pública.
La diputada Gabriela Quiroga del PRD informó que acompañará el dictamen a favor, con el objetivo de lograr que ningún violentador, agresor o deudor alimentario acceda a puestos de poder, donde se administre justicia o recursos públicos, para garantizar que las mujeres obtengan máximo grado de protección a sus derechos.
En tanto, el miércoles pasado el Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, que impide a los agresores, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o ser funcionario público.
FRASE:
“Esta propuesta es viable porque fortalece la Administración Pública Local, además, promueve la prevención de la violencia institucional y apela al compromiso de la ética pública”
Comisión de Igualdad de Género CDMX
LEG