La sola calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar, mediante juicio de amparo, la inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto, resolvió ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Los ministros resolvieron una contradicción de criterios en la que dos tribunales colegiados sostuvieron puntos contrarios de las normas penales que se impugnan en el juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política del país y 5, fracción I, de la Ley de Amparo.
En su fallo, la Primera Sala consideró que las normas que penalizan el aborto inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos, pues fomentan la creencia sobre la incorrección ética del aborto y otras opciones reproductivas.
La Sala deliberó que las normas que penalizan el aborto potencialmente pueden comprometer o limitar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a una debida protección de sus derechos humanos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, la salud y la integridad
A las mujeres y personas gestantes la penalización del aborto les impacta colateralmente en un grado suficiente para afirmar que se genera en su contra una afectación relevante, cualificada, actual y real, en tanto que contienen disposiciones que les vinculan a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia.
Al respecto, el Alto Tribunal sostuvo que si bien es cierto que las normas que penalizan el aborto afectan directamente a las personas gestantes, lo cierto es que existe un mensaje discriminatorio para quienes cuentan con la capacidad de gestar y no tienen un embarazo en curso que impacta en su derecho de elegir su plan de vida y en sus derechos sexuales y reproductivos.
De esta manera, la Sala concluyó que la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar mediante juicio de amparo la regulación del delito de aborto, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de las normas penales al reunir los requisitos para tener acreditada una afectación individualizable y diferenciada como tercera a la norma.
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