Toda la estructura de control vehicular de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), tras el caso de las camionetas registradas a nombre de Televisa, que fueron aseguradas a una célula presuntamente vinculadas con Los Zetas en Nicaragua.

 

Autoridades de la PGJDF informaron a este diario también que la directora de Licencias y Control Vehicular, María del Rocío Vilchis Espinosa, y el subdirector de Control Vehicular, Ricardo Avilés Cano, son los funcionarios de mayor jerarquía que se prevé citar a declarar en calidad de testigos en los próximos días.

 

Lo anterior luego de que el Ministerio Público capitalino comenzó a recabar los primeros indicios que apuntan a que las camionetas vehículos fueron registrados de forma irregular, con la complicidad de servidores públicos, en los módulos delegacionales de la Setravi.

 

Con estas diligencias, la Fiscalía Especializada para Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF busca identificar los niveles y controles que pudieron haberse burlado para posibilitar un registro ilegal de estas características, así como las responsabilidades penales que habría por acción u omisión de los funcionarios.

 

Paralelamente, la Contraloría General del GDF ya inició una indagatoria de carácter administrativo, en principio de cuentas relacionada con la Setravi, para determinar qué funcionarios del área de control vehicular y licencias incurrieron en alguna falta.

 

Fueron seis las camionetas tipo Van registradas a nombre de Televisa, entre diciembre de 2009 y agosto de 2011, en módulos de Control Vehicular de la Setravi en las delegaciones Tlalpan, Iztacalco y Venustiano Carranza.

 

La televisora ha negado que las camionetas pertenezcan a su parque vehicular y advirtió que se habría usado documentación ilegal o apócrifa, entre ella un presunto poder notarial vencido en el 2005 y que posiblemente fue sustraído de uno de los archivos de Setravi.

 

El Procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida confirmó la semana pasada que los operadores de los módulos de Control Vehicular, en quienes recaería la primera responsabilidad, son empleados de las distintas delegaciones.

 

Sin embargo, dado que se trata de trámites y procedimientos de SETRAVI, la operación de cada módulo es supervisada por un funcionario de esta dependencia que, a su vez, responden a los Jefes de Unidad Departamental de cada zona y estos a los directivos de dicha Secretaría.

La Fiscalía para Servidores Públicos, que depende directamente de la oficinal del procurador del DF, analiza además de los citatorios a los funcionarios, las solicitudes a jueces capitalinos de órdenes de cateo en las oficinas donde ocurrieron los trámites irregulares.

De forma paralela, los documentos de los registros de las camionetas bajo investigación, que fueron enviados por la Setravi, son revisados por peritos de la Procuraduría para verificar su autenticidad.

 

Setravi, irregularidades constantes

 

De acuerdo con fuentes de la PGJDF, en los últimos seis años se han iniciado al menos seis averiguaciones previas relacionadas con actos de corrupción en módulos de control vehicular de Setravi, pero hasta el momento no se conoce ni de resultados ni de sanciones para los servidores públicos involucrados.

 

Los casos están relacionados principalmente con la regularización y emplacamiento de vehículos robados, el otorgamiento de licencias para personas que no existen o identidades suplantadas, así como el robo de papelería para los trámites o tarjetas de circulación.

 

Uno de los casos más destacados ocurrió en 2011, cuando el módulo de control vehicular de la Setravi en Tlalpan fue cerrado luego de que se detectaron “irregularidades” en su operación, pero nunca se precisara de qué tipo y qué sanciones y procesos penales se generaron.

 

Tal es el caso, por ejemplo, de uno de los operadores de ese módulo, identificado como Luis Basurto Orozco, quien fue cesado de su cargo por registrar vehículos relacionados con un grupo delictivo, pero las autoridades se negaron a informar detalles y si fue sometido a juicio penal.