La aparición de cocaína en una zona del ala oeste de la Casa Blanca –el área ejecutiva presidencial– se está convirtiendo en una especie de Watergate: cómo esconder la corresponsabilidad presidencial en el asunto delicado del consumo de drogas.
Como era obvio, el expresidente Donald Trump le puso el cascabel al gato y dijo que la cocaína era propiedad de Hunter Biden, el polémico hijo del Presidente de EU involucrado en conflictos judiciales por consumo de drogas, prostitución, negocios clandestinos con China y Ucrania y evasión de impuestos, pero en la coyuntura de que Joseph Biden es hasta hoy la única viabilidad demócrata para mantener la Casa Blanca.
Pero hay más colas sueltas: la Casa Blanca acaba de echar a andar una cumbre internacional para combatir el tráfico de fentanilo hacia los consumidores estadounidenses, pero con la queja de que el principal problema de la droga no está en quien la produce y la trafica hacia EU, sino en las condiciones de laxitud que permiten prácticamente el consumo creciente de droga entre los adictos americanos.
La Casa Blanca había estado bombardeando con mensajes de acusaciones, por ejemplo, contra México y China por ser, dicen, los principales productores y traficantes de fentanilo, pero ahora resulta que las drogas aparentemente circulan con libertad y sin castigo en los pasillos ejecutivos de las oficinas del Presidente de Estados Unidos.
La investigación sobre la droga encontrada en la Casa Blanca ha sido manipulada, de manera obvia, por el Servicio Secreto que se encarga de la seguridad presidencial, pero ofreciendo una imagen de parcialidad sobre el discurso antidrogas del Presidente estadounidense. Ante la versión oficial, la percepción social ya dio por sentado que la droga era del hijo del presidente Biden.
De ahí que la lucha contra la droga en Estados Unidos debe comenzar en casa, es decir, en la Casa Blanca.
Zona Zero
- Aunque no se tienen más que indicios de decisiones, las primeras percepciones sobre la estrategia de lucha contra el fentanilo anunciada por la Casa Blanca están implicando una invasión policiaca, militar y de seguridad nacional de espacios soberanos de México, pero sin pasar por la reglamentación de la Ley de Seguridad Nacional que exige que todos los operativos extranjeros sean informados a México y cuenten con la aprobación legal. Sin esperar vistos buenos, la DEA ya reactivó operaciones secretas aquí.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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