No es la cantidad, sino el mensaje que el Congreso de Estados Unidos envía a México con la cancelación de una ayuda por 60 millones de dólares.
Para el Congreso estadounidense, especialmente la Cámara de Representantes, México no se merece esa ayuda “por su negativa para combatir el tráfico de fentanilo’’.
Doble mensaje porque la decisión ocurre justo cuando la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, realiza una gira de trabajo por Washington.
La decisión incluso no tendría que ver con el monto negado, sino con la muestra del enojo entre los legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, que siguen presionando al presidente Joe Biden para que tome acciones más severas en contra de nuestro país para que ofrezca mejores resultados en la lucha contra el fentanilo.
Biden está siendo fuertemente cuestionado por propios y extraños por dos razones: su raquítica política migratoria y el incremento sin freno de las muertes provocadas por el consumo de fentanilo.
Los legisladores estadounidenses no solo creen que México no está colaborando lo suficiente para detener la producción y tráfico de fentanilo, sino que tampoco está evitando la invasión de migrantes a la frontera norte de nuestro país, lo que ha agravado sustancialmente la situación humanitaria en ambos lados de la frontera común.
Como sea, 60 millones parecerían una nimiedad considerando el flujo de recursos que hay entre ambos países, pero no es la cantidad, sino el mensaje que se quiere mandar.
Ayer fue a través del Congreso y, conforme se acerque el proceso electoral en Estados Unidos, las medidas de coerción serán más fuertes y provendrán de otros sectores porque México siempre ha sido, para más mal que para bien, una bandera electoral en el país vecino.
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Mal le fue a Jorge Carlos Ramírez Marín en el primer intento por colarse a la lista de precandidatos de la sociedad Morena-Verde-PT, a la gubernatura de su natal Yucatán.
El reciente expriista no fue incluido en la lista que el Consejo Político estatal decidió para competir por la candidatura de la alianza oficialista.
Los que disputarán la candidatura serán Joaquín Díaz Mena, Rocío Barrera, Verónica Camino y Jazmín Villanueva.
Con Ramírez Marín también fue rechazado el también senador, prófugo del PAN, Raúl Paz, que quiso, pero no pudo.
Ambos podrían ser propuestos por el Comité Nacional para engordar la lista de aspirantes, según los estatutos de Morena, pero dado el rechazo -no tuvieron un voto-, se ve complicado.
Ramírez Marín, sin embargo, podría ser el candidato de Morena a la capital, Mérida, en donde tiene buenas cartas de presentación.
A ver.
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Hablando de prófugos, ayer se vio a José Ramón Amieva como uno de los entusiastas porristas de Claudia Sheinbaum en un evento realizado en Pachuca.
Amieva fue quien sustituyó, en abril del 2018, a Miguel Ángel Mancera en la jefatura de Gobierno de la CDMX.
A ver si pesca algo.
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En Guanajuato los morenistas le apuestan más a una candidatura local para disputar el gobierno del estado.
A pesar de que el exprocurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, se volvió a apuntar, en la memoria de los morenistas guanajuatenses no se olvida que el exfuncionario fue el único que perdió en el 2018 una gubernatura, a pesar de que llevaba el apoyo de López Obrador.
Así que no pierda de vista a cuadros locales como el caso de Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cercano a López Obrador y a Sheinbaum.