Consejeros del Instituto Electoral de Yucatán (IEY) adecuaron las reglas locales al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial y pondrán candados a los Servidores de la Nación para que su labor como promotores de servicios del Gobierno de la cuarta transformación no se utilice con fines electorales.
El Consejo General de la autoridad electoral estatal aprobó adecuar la convocatoria para participar como observadores electorales en el proceso con miras a las elecciones de 2024.
Hace unos días la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció medidas para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas en la ejecución de programas sociales, así como los denominados servidores de la nación en los procesos electorales tanto federales como locales y, específicamente, el día de la jornada electoral.
En la sesión del Consejo, el lunes pasado, se aprobaron tales adecuaciones de acuerdo con el modelo de convocatoria que inicialmente se estableció el 3 de octubre pasado conforme al Instituto Nacional Electoral.
Al texto original se agregó como requisito que, para realizar las tareas de observación electoral, “no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el Gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales cualquiera que sea su denominación; ni ser persona servidora pública de la nación”.
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“Quienes deseen participar como observadoras u observadores electorales pueden consultar la convocatoria disponible en www.iepac.mx y registrarse en observadores.ine.mx o en las oficinas de la autoridad electoral local antes del 7 de mayo de 2024.
Y SE SUMAN COMUNIDADES
En la antesala de las campañas rumbo a los comicios de 2024, es necesario que haya representación popular de la comunidad de la diversidad sexual, a fin de que este sector poblacional sea tomado en cuenta y visibilizado, apuntó Andrea Tamayo, secretaria de vinculación del colectivo LGBT+ Rights Yucatán.
“Que no solo nos ‘utilicen’, sino que nos acompañen y escuchen”, recalcó.
La activista subrayó que, de acuerdo con la llamada “cuota arcoíris”, instituciones como el Congreso del Estado, deben contar con representación de personas pertenecientes a la comunidad.
“Sin embargo, sabemos que hay ciertos vicios en la elección que ponen a las personas diversas en un número de lista o de alguna manera para que no lleguen”, condenó.
Entonces, dijo, una de las cuestiones que han manifestado en mesas de diálogo con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán es que sea obligatorio que al menos el 3% de los 25 curules del Poder Legislativo sean de representación LGBT, que representaría a dos personas. / EDGAR MUÑOZ, 24 HORAS YUCATÁN