Pese a la resistencia de la oposición, por considerarlas cercanas a la Cuarta Transformación, la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen que avala la idoneidad de la terna que envió el Ejecutivo federal para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y si bien se prevé que la terna no sea aprobada en el Pleno, debido a que Morena y sus aliados no cuentan con los números, el Presidente podrá enviar una nueva terna que, en caso de ser rechazada también, provocará que el mandatario nombre al ministro de la Corte de forma directa, de acuerdo con la ley.

En comparecencias por separado, Bertha Luján Alcalde, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González reconocieron su cercanía con el proyecto político que encabeza el Presidente de la República, pero aseveraron que ello no compromete su independencia y convicciones en caso de llegar al Pleno de la Corte.

De entrada, Alcalde Luján, quien es la comisionada de Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitarios (Cofepris) y hermana de la secretaria de Gobernación, dijo que no negaría las coincidencias con la 4T.

“No voy a negar que hay coincidencia respecto a los principios, valores del actual Gobierno”, manifestó.

Sin embargo, sostuvo que cuando hay coincidencia en principios y valores democráticos, estas coincidencias construyen y no necesariamente destruyen.

La abogada también aspiró este año a ocupar la presidencia del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual resultó ganadora por sorteo Guadalupe Taddei.

Batres Guadarrama, por su parte, retomó el discurso oficialista de que es necesario reencauzar la actuación del Poder Judicial hacia el límite constitucional y legal, ya que es una necesidad republicana y democrática.

Enfatizó que en la Constitución se establece la división de poderes y cuando el Poder Judicial “legisla” al abrogar leyes aprobadas por el Poder Legislativo, “con base en principios que él mismo definió, invade facultades de otro poder y viola la Constitución”.

“El Poder Judicial violenta el principio de actuación democrática que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo produzca las normas… (López Obrador) no pide servilismo, pide en realidad que queden ministros que defiendan esos temas”, dijo a los senadores.

Sostuvo que López Obrador, al proponer una terna de “cercanas” sabe, sin siquiera preguntarlo, “que estamos de acuerdo con la política de austeridad, la reforma al Poder Judicial y el cumplimiento de la normatividad de remuneraciones y será obvio trabajar en ellos”.

Finalmente, Ríos González defendió su derecho a aspirar a convertirse en ministra, el cual fue cuestionado por legisladores de oposición, quienes la consideraron no elegible por ocupar el cargo de consejera jurídica de Presidencia, el cual es equiparable a una secretaría de Estado.

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“De tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es sí. Sí soy idónea de ser nombrada ministra. Haré efectivo y lo que esté a mi alcance para la impartición de justicia pronta, completa e imparcial” apuntó.

Además, señaló que “sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera”.

El documento aprobado recibió 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención y fue turnado a la Mesa Directiva; deberá publicarse en la Gaceta del Senado por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se someterá a la consideración del Pleno.

La comparecencia de las aspirantes se llevó a cabo en una sesión híbrida que duró seis horas y en la cual, al final, la secretaria de la comisión, Claudia Anaya (PRI), condenó que algunos de sus compañeros no se hayan presentado físicamente a los trabajos, cuando el asunto, destacó, es el de mayor relevancia que tiene a su cargo este órgano legislativo.

Además, hizo un extrañamiento porque varios senadores dejaron sus votos y se retiraron o desconectaron de la transmisión.

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“Tengo que hacer visible la falta de interés en el tema, me parece terrible que los compañeros se ausenten y dejen el voto, y peor los que nunca se aparecieron, integrantes de la comisión”, dijo Anaya.

Por su parte, el senador Damián Zepeda (PAN) dijo que si la Corte llega a tener cuatro votos que le den la razón al Presidente en leyes que son anticonstitucionales, se habrá terminado la división de poderes pues ya no importará que haga el Congreso en términos de leyes constitucionales, sino el respaldo que tenga en la SCJN para avalar leyes secundarias violatorias de la Carta Magna.

Cabe recordar que la terna de mujeres enviada por el Presidente es para ocupar la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar, quien era uno de los que apoyaban los temas impulsados por el mandatario al interior de la Corte. 

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“Terna muestra desprecio”

La terna enviada por el presidente López Obrador para designar a una ministra de la Suprema Corte representan el “profundo desprecio” que el Ejecutivo federal tiene hacia el Poder Judicial, señaló José Perdomo Galicia, especialista de la Universidad La Salle.

En entrevista con 24 HORAS, el experto de la Facultad de Derecho dijo que la propuesta no deslegitima a la Corte, pues de ser electas sería bajo los parámetros legales, pero sí significa minimizar el trabajo del Alto Tribunal, con perfiles cercanos al mandatario nacional y sin ningún tipo de carrera judicial.

“Son tres personas que no tienen ni la menor idea de lo que es la carrera judicial, que nunca fueron impartidores de justicia, que nunca fueron juezas, que no saben cómo es el sistema de administración de la justicia en el país, que no tienen posibilidades de cabildeo con los demás integrantes de la Corte y no saben cómo se redacta una sentencia”, aseveró.

El Presidente, dijo, mandó sus propuestas como una especie de “burla”, porque “buscar minimizar la autonomía y la tarea que realiza la Corte”.

Recordó que el mandatario tiene el derecho constitucional de mandar su terna al Senado y éste, a su vez, de estudiar las propuestas. En caso de rechazarlas, López Obrador deberá enviar otra y de seguir atorado el nombramiento, el Ejecutivo federal tiene la facultad de nombramiento directo.

Para el experto de la Facultad de Derecho sería mejor que no se llegará a la designación presidencial directa de la nueva ministra de la Corte, pues habría mayor control sí el nombramiento responde tanto al Senado como al Ejecutivo.