El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes 5 de noviembre la excarcelación, por razones humanitarias, del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión especial de Lima por crímenes contra la humanidad.
Fujimori, de 85 años de edad, padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otras dolencias. Su excarcelación se hará efectiva muy probablemente este miércoles, dijeron su defensa y fuentes del Instituto Nacional Penitenciario.
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En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017.
El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el recurso de gracia a Fujimori por razones humanitarias, pero la justicia peruana lo revocó atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas del exmandatario que gobernó con mano de hierro entre 1990 y 2000.
El Tribunal Constitucional justificó su decisión, alegando la salud “resquebrajada” de Fujimori. Al mismo tiempo recalcó que el exmandatario “ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena”, lo que lo hace beneficiario del indulto.
La semana pasada, la misma corte ya había ordenado la liberación de Fujimori, pero el juez Fernando Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al Tribunal Constitucional, que este martes falló y emitió su dictamen definitivo.
Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima. Su condena se dio por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas entre 1991-1992 por un escuadrón del ejército que los acusaba de ser supuestos guerrilleros de Sendero Luminoso.
Apoyo y rechazo
Por otro lado, simpatizantes de Fujimori llegaron al penal -donde cumple su condena- vestidos con camisetas blancas con la frase “Fujimori libertad”. Mientras que la policía reforzaba la vigilancia en las afueras de la prisión.
“El presidente se ha mostrado muy conforme, ha tomado con mucha alegría el mandato” de los jueces, manifestó el abogado Elio Riera, a su salida de la cárcel donde también están los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, este último encarcelado hace justamente un año por su intento fallido de disolver el Congreso.
“Se hace justicia a un hombre que hizo tanto por el Perú”, celebró el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente.
Sin embargo, las víctimas de su gobierno rechazaron tajantemente la decisión de los jueces. Una treintena de personas, con flores y fotos de universitarios asesinados por el escuadrón militar, se concentraron frente al palacio de justicia entonando el grito “el indulto es insulto”.
“Esto un atropello, un arrebato al derecho a la justicia que tenemos los familiares de las víctimas”, dijo a la AFP Carmen Amaro, hermana del estudiante Armando Amaro Cóndor, victima de la matanza de la Universidad La Cantuta en 1992.
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Asimismo, la Asociación Pro Derechos Humanos condenó enérgicamente la decisión por considerar que la misma supone un desacato a la Corte IDH. “La comunidad internacional observa atentamente este desafío a la legalidad internacional”, agregó en un comunicado.
Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, aseguró igualmente que la decisión del TC es un “punto de quiebre” en la relación entre el Perú y el sistema interamericano.
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EAM