Por notoria improcedencia, la Suprema Corte de Justicia desechó 10 amparos de impugnación de un decreto de septiembre de 2011, por el que el Congreso local aprobó un financiamiento y pago de deudas heredadas por el ex gobernador Humberto Moreira, el cual fue promovido por ciudadanos de Coahuila.
Empresarios coahuilenses promovieron los amparos, inconformes con la decisión del Congreso de canalizar la totalidad de la recaudación de Impuesto sobre Nómina al pago de deudas por un monto de 33 mil 865 millones de pesos, parte de las cuales fueron contratadas a través de documentación falsa, acciones realizadas por de empleados cercanos a Moreira.
Aunque en su momento los magistrados de la Segunda Sala de la Corte rechazaron admitir a trámite dichas demandas, confirmó por unanimidad autos dictados por cuatro jueces de distrito de Torreón, al considerar que las personas físicas carecen de interés jurídico para impugnar los decretos, de tal suerte que no sería posible derogar dichas disposiciones legislativas por la vía del amparo.
