Con 240 votos a favor, 170 en abstención y 22 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados determinó el ejercicio de la acción penal en contra del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el Ejercicio Indebido del Servicio Público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El bloque opositor (PAN-PRI-PRD) voto en abstención, la coalición oficialista (Morena-PVEM-PT) a favor, y Movimiento Ciudadano (MC) en contra.
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El Pleno de San Lázaro, erigido en jurado de procedencia, determinó que hay elementos suficientes para que el funcionario morelense sea sujeto de acción penal por su probable responsabilidad participación en los delitos fincados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El fiscal Carmona Gándara no estuvo presente en la sesión, aun cuando por la mañana en un noticiero radiofónico afirmó que acudiría a la Cámara de Diputados.
El abogado defensor del fiscal morelense, Gabriel Regino, aseguró que el verdadero debate en la Cámara de Diputados no fue el desafuero del funcionario, sino la autonomía del Poder Legislativo porque la sesión que se llevó a cabo plagada de amenazas a los diputados.
La acusación en contra de Carmona Gándara se originó por no cumplir con el requisito que exige su cargo para aprobar los exámenes de control de confianza.
Sin embargo, su defensa argumentó que la Constitución del estado de Morelos, que rige el nombramiento de su fiscal, no exige ese requisito como condición.
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“No estamos aquí para defender ideologías no posiciones partidistas, sino principalmente el Estado de Derecho que cada día sigue siendo presionado por intereses externos a la Constitución.
“Nada puede ser más importante en un país inmerso en una ola de violencia sin precedentes que contar con organismos constitucionales autónomos, como son las fiscalías, pero a pesar de la Constitución así lo establece, he de recordar a esta soberanía que desde 2014 se ha hecho abdicar a 17 fiscales estatales por motivo de los cambios transexenales de gobierno”, expresó Regino.