A pesar de ser un tema muy atractivo en términos políticos para campañas electorales tan polarizadas, la seguridad pública ha sido eludida en el discurso de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum Pardo, pero también en los pronunciamientos de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

La primera lectura que se le da a la ausencia del tema de la seguridad pública en las campañas presidenciales estaría adelantando la continuidad del modelo lopezobradorista con quien gane las elecciones, un dato explicable en el caso de la candidata de Morena, pero mostrando que la oposición en realidad carece de una propuesta alternativa.

Si uno de los temas transexenales que requiere de estabilidad es el de la seguridad pública, también se necesitan indicios para que los electores mediten su voto sobre qué continuidades habría y qué cambios se necesitarían en las estructuras policiacas y militares.

La gran aportación del presidente López Obrador a la estructura de seguridad pública fue la creación de la Guardia Nacional como una organización que superaba todos los vicios de las anteriores policías federales y que partía de cuadros capacitados en nuevas doctrinas disciplinarias de la policía militar y de otros sectores del ámbito castrense.

Como estructura, la Guardia Nacional impresiona por la organización y recursos, aunque todavía le sigue debiendo a la sociedad programas operativos más eficaces para retomar el control de la soberanía territorial del Estado que ahora está parcialmente en manos de la delincuencia.

El gran error que podría cometer la oposición legislativa y la estructura judicial-constitucional estaría en evitar la adscripción de la GN al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque en esa relación articulada se garantiza la eficacia de la estrategia de seguridad pública. Hasta ahora, existen criterios legales que mantienen el perfil civil de la Guardia Nacional y que su articulación en la Sedena no militariza las labores policiacas.

 

Zona Zero

  • Hasta ahora no se ha hecho de manera formal un mapa de la inseguridad pública vis a vis el proceso electoral nacional que involucrará a zonas territoriales de la República en cambio de autoridades políticas federales, estatales y municipales de Gobierno. El problema no está en la instalación de casillas, sino en la posibilidad de que grupos del crimen organizado influyan en los nuevos equilibrios de funcionarios locales electos.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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