Entre gritos y distintas discusiones, el Congreso de Guatemala, retrasó la investidura como presidente del socialdemócrata Bernardo Arévalo, blanco de maniobras judiciales que buscaron durante meses invalidar la sorpresiva victoria que logró con su promesa de combatir la corrupción.
Pese a que la Constitución de Guatemala establecía que el Congreso debe juramentar al nuevo presidente a más tardar a las 16:00 locales, al cumplirse este plazo ni siquiera estaba instalado el nuevo Parlamento, situación que se pudo solucionar hasta las 19:30 horas, pero después de que se dieron por inauguradas las sesiones de la nueva Legislatura, se volvió a retrasar la ceremonia por las votaciones para la designación de la Junta Directiva.
“Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”, escribió Arévalo en X, quien a pesar de que alrededor de las 20:00 horas anunció que se dirigía a su toma de posesión, hasta el cierre de esta edición, alrededor de las 22:00 horas, no se realizaba dicho acto protocolario para la investidura del nuevo gobierno encabezado por Arévalo.
Las discusiones en el Congreso se dieron tras declarar como “independientes” a los integrantes del Movimiento Semilla, partido del presidente, quienes se negaban a dejar a su partido y posteriormente a quedarse fuera de la Junta Directiva.
Este retraso desató malestar entre los cientos de seguidores de Arévalo, entre ellos muchos indígenas, que, entre empujones con la Policía, se abrieron paso para acercarse a la sede parlamentaria, aunque después se dirigieron a la plaza principal para esperar el discurso de Arévalo.
PERSECUSIÓN
Desde su contundente triunfo con el 60% de los votos, el sociólogo y exdiplomático de 65 años, junto a su partido, enfrentaron una ofensiva judicial que él denunció como un “golpe de Estado”, detrás del que estaría la élite política y económica que por décadas ha regido los destinos del país.
La Fiscalía intentó retirarle la inmunidad, desarticular su partido progresista y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.
Como muestra del respaldo, al traspaso de mando asisten el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, delegados de Washington, el rey de España, Felipe VI, y, entre otros, los presidentes de Colombia, Chile, Honduras y Panamá.
Mientras tanto, la comunidad internacional también reaccionó al retraso en el Congreso y realizaron un llamado a los diputados para destrabar las discusiones y poder llevar a cabo la investidura correspondiente.