La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará la decisión de otorgar libertad condicional a 8 militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa.
Así lo dio a conocer la propia Fiscalía en un comunicado en el que indica que:
“Esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen“.
#FGRInforma | #FGR rechaza tajantemente la determinación de la Jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo y Magistrados del tribunal colegiado que concedieron ventajas indebidas, y desconocieron resoluciones que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de… pic.twitter.com/b1pH4FRrtG
— FGR México (@FGRMexico) January 21, 2024
Esto porque este fin de semana, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó el cambio medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional a los 8 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estaban en prisión preventiva justificada por presuntamente haber participado en la desaparición forzada de los estudiantes en 2014.
Con la decisión de la juzgadora, los elementos de la Defensa Gustavo N, Omar N, Juan Andrés N, Ramiro N, Roberto N, Eloy N, Uri Yashiel N y Juan N, podrán enfrentar el proceso en libertad, así como el general Rafael N, a quien meses antes se le modificó también la medida cautelar.
Por ello, los militares deberán firmar de manera periódica ante el juzgado; dar una garantía económica de 50 mil pesos, se les prohíbe salir del país y entregar su pasaporte, se les prohíbe contacto con víctimas y/o testigos; acercarse al estado de Guerrero, así como acreditar su domicilio particular.
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Lo anterior fue calificado por la FGR como “una secuela procesal absolutamente cuestionable”:
“Para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa“.
A lar, la dependencia no solo arremetió contra Duarte Cedilo, también contra los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio que, a todos ellos los acuso de beneficiar a los militares con una “libertad procesal de alta peligrosidad”.
Previo a esto, el Gobierno a través de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) condenó la medida otorgada por la jueza y acusó que:
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.
Condena CoVAJ decisión de cambiar la medida cautelar a 8 militares.
Con esta determinación no se exonera de los cargos a los elementos de las Fuerzas Armadas; continúan sujetos a proceso hasta el dictado de sentencia.
Se agotarán todas las instancias… pic.twitter.com/sAvRF4R6sY
— Gobierno de México (@GobiernoMX) January 21, 2024
En un comunicado, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Covaj subrayó que con la determinación “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
Y que la Comisión se coordinará con la Fiscalía especial de caso para agotar todas las instancias legales y el debido proceso para “cumplir el principio de cero impunidad para este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también condenó la medida, pero asoció la situación al Gobierno porque el caso “se está derrumbando”:
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“Lamentamos liberación de militares acusados en caso Ayotzinapa. Muestra que el proceso se está derrumbando”.
Lamentamos liberación de militares acusados en caso #Ayotzinapa. Muestra que el proceso se está derrumbando.
A las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de SEDENA, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados. https://t.co/MyjJ78tLpX— Centro Prodh (@CentroProdh) January 21, 2024
Y destacó que junto a las decisiones parciales de jueces se suma la inoperancia de la Fiscalía especial y “la intervención de Sedena, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.