Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y especialistas advirtieron del retroceso de al menos dos décadas con la reforma de simplificación administrativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados.
Durante el foro de Diálogos Nacionales por las reformas organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se analizaron las iniciativas presidenciales que pretenden la desaparición de la Sistema Nacional Anticorrupción, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Sobre la primera, el secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, expuso que este sistema no solamente es una instancia que opera en la administración pública, sino que es una instancia del Estado mexicano.
Explicó que el SNA tiene el reto de administrar la plataforma digital que interconecta a siete mil 217 órganos internos de control en el país, que van desde municipales, de poderes judiciales, poderes legislativos, así como ejecutivos, tribunales y órganos autónomos.
Moreno Herrera explicó que estas acciones no las puede realizar la Secretaría de la Función Pública, instancia a la que, según la propuesta presidencial, se pretende incorporar por supuestamente duplicar las funciones y acciones.
“El universo que atiende el Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente son siete sillas del comité coordinador, son realmente 370 instituciones públicas. Sistema Nacional significa igual a 32 comités coordinadores, es decir, el federal más 32 estales, quién tienen que tener una acción homologada sistémica a nivel nacional.
“El Sistema Nacional Anticorrupción no es donde vamos a ver a los corruptos, es dónde vamos a homologar criterios a nivel nacional, dónde vamos a tener protocolos donde todas las fiscalías anticorrupción tienen una misma visión, donde los siete mil 207 órganos internos de control ante una misma falta administrativa van a tener el mismo sentido”, enfatizó.
Sostuvo que de avanzar la propuesta, los órganos autónomos, tribunales, los poderes judiciales y municipios no estarán obligados a generar información, sino que será voluntaria, justo como ocurría hace 25 años.
La consejera del comité de participación ciudadana del SNA, Vania Pérez Morales, agregó que de aprobarse esta reforma se generaría un daño irreparable.
“Pasarla tendría retrocesos de por lo menos dos décadas en las que la ciudadanía ha construido y organizado instituciones para reclamar nuestros derechos. Es nuestro derecho contar con organismos desconcentrado, descentralizados para hacer contrapeso al aparato gubernamental y del Ejecutivo”, sostuvo.
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Por su parte, el maestro en derecho, Enrique Barber González de la Vega, afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial pretende desmantelar el sistema nacional de justicia en menos de un año, así como desintegrar los 33 poderes judiciales y deshacerse de todos los ministros, magistrados y jueces, federales y locales, para ser sustituidos por candidatos electos.
“La iniciativa hace a un lado al Poder Judicial de la Federación como un poder del estado autónomo, independiente, imparcial y profesional. La iniciativa en cambio pretende un poder judicial de la federación politizado, representante de las mayorías políticas coyunturales, ajeno a la carrera judicial. La iniciativa consolida lo que dice repudiar”, dijo.
Sobre la incorporación del IMTA a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el maestro en ingeniería hidráulica, Jorge Salgado Rabadán, recordó que en este mismo sexenio primero se intentó incorporar al Instituto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero fue desechado y ahora se pretende hacerlo a esa Secretaría, “pese a que el año pasado fue compromiso del diputado (Ignacio) Mier (coordinador de Morena) de dejar fuera al Instituto de esta reforma”.
EAM