El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, afirmó que la relación entre ciudadanos y elementos policiacos debe ser de ayuda, además de que se tiene que mejorar el trato hacia ellos.
“No podemos esperar una policía ciudadana si no tratamos a los policías como ciudadanos y lo cierto es que, hoy por hoy, en las instituciones policiales, las y los agentes son tratados como ciudadanos de segunda o de tercera”, dijo.
Durante su participación en la inauguración de la Conferencia Internacional “Reforma Policial Democrática: experiencias y desafíos para la gobernabilidad”, manifestó que la relación entre ciudadanos y las corporaciones policías debe ser de ayuda y no en términos de “servidumbre”.
“Como desafortunadamente hemos visto en algunos casos que fueron famosos el año pasado, por el trato despectivo que ciudadanas y ciudadanos tuvieron frente a los policías”, recordó el ombudsman capitalino.
No obstante, refirió que tanto los elementos como la institución policial deben ser capaces de resolver situaciones inmediatas y generar condiciones encaminadas a lograr un tejido social sólido.
“Para que cuando se cometan delitos, sus elementos, sean capaces de resguardar la zona, de garantizar la cadena de custodia y de hacer una adecuada reconstrucción de los hechos”, dijo.
En relación con la reforma en materia policial, González Placencia, expresó que en el Distrito Federal se han tenido pocos avances en el tema “y lo que se ha avanzado realmente deja mucho que desear”.
En este sentido, recordó que el procurador capitalino atribuyó el retraso de la aplicación de la reforma penal al “cuidado” que se debe implementar, pues esto significaría “que muchas personas queden fuera, que muchas personas que hoy están siendo procesadas, con prisión preventiva o con arraigo, tengan que salir”.
Al respecto el titular de la CDHDF dijo que “hay que cuidar el mensaje que eso envía”, y consideró que lo expresado es reflejo de “los temores que se tienen ante esta especie de ansiedad por la pérdida de control del sistema penal mexicano y el miedo que se tiene por las acusaciones de impunidad que, se piensa, genera una reforma como esta”.
“Además de que en cierta forma también existe la preocupación sobre la preparación a nivel policial, de ministerios públicos, jueces, para llevar adelante “una Reforma que la Constitución exige desde 2008”, señaló el defensor de los derechos humanos.