El caso de una niña indígena de 12 años de Jalisco que fue presuntamente violada por su padre tomó relevancia luego de que la Secretaría de Salud estatal (SSJ) tardó 11 días en trasladarla a la Ciudad de México para que se le practicara un aborto.
La dependencia informó, ayer, que durante su intervención no se presentó ninguna complicación y actualmente se encuentra estable y en recuperación.
En entrevista con Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en esa entidad, organización que apoyó a la menor, señaló que ellos intuyen que “trataban de impedir que interrumpiera el embarazo”.
La SSJ argumentó que no realizó el tratamiento porque la joven tenía entre 25 y 27 semanas y no contaba con personal especializado para realizar la interrupción.
Desde 2017, en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile) el cual fue creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a solicitarles bajo la causal de riesgo a la salud física o mental y no hay límite de semanas de gestación.
Ortega explicó que el Pile tiene indicaciones precisas para los casos en que las usuarias están en el tercer trimestre, pero además cuando se trate de niñas, se plantea que la atención debe ser inmediata.
PRONUNCIAMIENTO DE SALUD
La dependencia estatal publicó un pronunciamiento en el que niegan que se le negó el servicio a la niña, aunque se llevó a la Ciudad de México después de 11 días; aclaran que se tiene un acuerdo para que en los casos en que Jalisco no cuente con personal capacitado para poder hacer estos procedimientos, se canalizan a estados u hospitales donde sí se pueda hacer.
“Pero si se tiene ese convenio, por qué no se mandó a la niña el día en que llegó a solicitar el procedimiento, no tiene ninguna lógica que justifique lo que hicieron, ellos están tratando de explicar por qué, pero lo que sucede es que no tienen voluntad y no respetan los derechos de la niña ni de la mujer”, se quejó Ortega.