El Poder Ejecutivo ha encontrado la forma de contravenir las sentencias emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desdeñando las resoluciones que toma el máximo tribunal del país sobre acciones de Gobierno de la 4T.
En una revisión de las sentencias que ha emitido la SCJN, destaca la controversia constitucional que invalidó el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional los proyectos de las obras federales.
Sin embargo, para burlar esta sentencia, la Presidencia emitió un nuevo decreto el 18 de mayo de 2023 en los mismos términos del que invalidó la Corte.
A pesar de que se interpuso una nueva controversia constitucional, ésta se desechó por ser “notoriamente improcedente”, pues la promovió la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que carecía de legitimación para interponerla.
Quien sí la tiene es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero no se encontraron registros de que lo haya hecho, pues en ese momento estaba impedido de actuar, al no estar su Pleno debidamente integrado por la falta de nombramiento de sus comisionados.
En abril de 2023, se dio a conocer una grabación del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con senadores de Morena, y en el que se reveló que el presidente López Obrador quería dejar inoperante al Inai y lo que sería “el mundo ideal” para el Gobierno.
Hasta la fecha, el Senado no ha logrado el consenso para designar a tres de los siete comisionados con los que debe sesionar el Pleno del Instituto, por lo que la SCJN intervino para validar que el INAI sesione con solo cuatro comisionados.
Lo cual, además, es otra de las sentencias de la Corte que han sido incumplidas, en este caso por la Cámara alta del Poder Legislativo… Pero bajo la presión de la Presidencia de la República a la mayoría morenista en el Senado.
GUARDIA NACIONAL
El 1 de enero de 2024 se venció el plazo que dio la SCJN para que el mando de la Guardia Nacional regresara a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de invalidar el traslado del control operativo y administrativo de ese cuerpo policiaco a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pero no se ha dado a conocer de parte del Gobierno federal si ya cumplió lo ordenado por la Corte.
En cambio, la decisión de los ministros generó una dura crítica del presidente López Obrador, quien los tachó de actuar de manera facciosa y anunció una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea controlada por el Ejército.
Esto ocurrió el 5 de febrero con el paquete de 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, que remitió a la Cámara de Diputados, de las cuales, hasta el momento, ninguna ha sido ni siquiera dictaminada.
POBREZA E INEGI
Otro registro de omisión corresponde a un organismo autónomo, pues un amparo presentado en 2019 por la organización no gubernamental Techo México, ante la Corte, obliga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a realizar los censos y acciones necesarias para recabar información desagregada solicitada por la ONG sobre asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza, según la definición de Naciones Unidas.
A Techo México incluso se le dio voz para manifestar su opinión ante el juez que se encargaría de supervisar el cumplimiento y ofreció integrar una mesa de trabajo interdisciplinaria con académicos y expertos de la sociedad civil con experiencia en el tema para apoyar en la construcción de la metodología.
Sobre el tema, se ubicó una iniciativa para modificar el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en materia de información sobre asentamientos irregulares.
Sin embargo, la Corte no ordenó una modificación legislativa, por lo tanto no hay un incumplimiento a la sentencia de amparo por parte del Poder Legislativo.
En la página del Inegi ya existe la pregunta de si existen o no asentamientos irregulares, pero esta información no sería suficiente para cumplir con lo ordenado por la SCJN para contar con datos suficientes sobre las personas en estos lugares y no seguir invisibilizándolos, para con ello negarles su derecho humano a una vivienda digna, por lo que la omisión corresponde al organismo autónomo.
El 15 de diciembre de 2021, López Obrador anunció que Graciela Márquez, su exsecretaria de Economía, presidiría el Inegi a partir de enero de 2022; posición en la que continúa desempeñándose hasta la actualidad.
Análisis
Al respecto, el diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) comentó que estás acciones del Ejecutivo Federal son muestra del enfrentamiento que ha decidido tener en contra del Poder Judicial.
“Es evidente que al presidente López Obrador le molestan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, porque su espíritu es manejar las cosas con mucho autoritarismo”, expresó.
Por ello, hizo un llamado a la Presidencia de la República a que cumpla con las resoluciones de la Corte y respete los equilibrios de poder.
Advirtió que este actuar del mandatario, particularmente el desacato en el que incurre por la Guardia Nacional, amerita la presentación de una solicitud de juicio político en su contra, aunque, dijo, se sabe de antemano que no tendría futuro debido a que la mayoría oficialista lo bloquearía.
“Aspiramos a que en la siguiente Legislatura y que nos quedará todavía un mes bajo el mandato de López Obrador, ojalá podamos componer y revertir muchas de las modificaciones aberrantes que propuso Morena, enfatizó Téllez.
El diputado federal del PRI, Brasil Acosta, expuso que estas acciones del Ejecutivo no son más que el reflejo de su concepto de que “no le vengan con que la ley es la ley”.
Coincidió en que el mandatario podría ser sometido a un juicio político, sin embargo, no lo ve posible, aun con un Congreso dominado por la oposición, pues no habría tiempo para conformar los órganos legislativos necesarios.
“Lo que estamos viendo es la dictadura de los decretos, en el que estos son los que manda y están por encima de cualquier cosa”, comentó Acosta.
Ayer, 24 HORAS publicó que en una Legislatura marcada por los pendientes en nombramientos e iniciativas congeladas, el Congreso de la Unión fue omiso en legislar 12 normas o adecuaciones, cuyo plazo, establecido en los artículos transitorios, venció o lo hizo fuera de tiempo, incluso con algunas que fueron ordenadas por la SCJN, sin que se obedeciera la resolución.