Los petardos que lanzaron presuntos normalistas de Ayotzinapa a la entrada principal de Palacio Nacional dejaron como saldo 26 policías capitalinos lesionados.
Lo anterior, al final del mitin realizado este lunes por varias organizaciones sociales en el Zócalo, entre las que estuvieron el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, y un grupo de presuntos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Momentos después de retirarse el mitin de diversas organizaciones frente a Palacio Nacional, fueron lanzados varios cohetones, de los cuales un par estallaron y resto fueron asegurados por la policía de la #CDMX.https://t.co/25rholMABL
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Poco después del mediodía, y luego de que los participantes lanzaran consignas relacionadas con los temas que reivindican cada uno de los grupos de los que son parte, que se solidarizaran con los normalistas desaparecidos, y se cantara el Himno Nacional, los jóvenes con los rostros embozados lanzaron los petardos, además de piezas de mobiliario urbano y objetos varios a la Puerta Mariana de la sede del Ejecutivo.
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Por los hechos, según reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, resultaron lesionados 26 de los uniformados que resguardaban la entrada principal del recinto histórico.
“Pararamédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en siete ambulancias, atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo; 25 de ellos requirieron su traslado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones, entre ellos 3 mandos”.
Luego de que presuntos normalistas arrojaran petardos a Palacio Nacional, al menos una decena de ambulancias arribaron al Zócalo para atender a elementos de la @SSC_CDMX que resultaron lesionados durante los hechoshttps://t.co/25rholMABL
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Esta situación se registra a 4 días de que un juez federal cambiara la medida cautelar a 8 militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, y que también enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada.
El 9 de mayo, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez (Centro Prodh) denunció que la madrugada de ese día el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca dictó el cambio de medida.
Al respecto, Aguirre comentó que dicha resolución es “una expresión más del deterioro del Caso Ayotzinapa”.
A su vez, consideró “preocupantes” que el Poder Judicial dicte criterios judiciales a favor de militares procesados.
Estos hechos se registran a poco más de 2 meses del portazo que se intentó en el Acceso 1 de Palacio Nacional.
El 6 de marzo, luego de que los padres de los 43 realizarán un mitin en el acceso ubicado en la Calle de Moneda, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos intentaron ingresar a la fuerza a Palacio Nacional.
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Para ello usaron como ariete una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que estaba en la zona, y aunque lograron romper una parte de la puerta, se replegaron al ser encarados por la Policía Militar que resguarda el recinto, misma que les lanzó gas de extintor.
Dicha intentona se registró durante la Mañanera del presidente López Obrador, quien dijo al día siguiente que:
“Lo de ayer, un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ningún acto de provocación. Están nuestros adversarios desesperados, están recurriendo a la guerra sucia y actos como el de ayer”.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 mientras intentaban tomar autobuses en Iguala, Guerrero, para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968.
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En los primeros años de la investigación, las autoridades esgrimieron la llamada “Verdad Histórica”, la cual señalaba que los jóvenes fueron asesinados y sus restos incinerados todos juntos la misma noche de su desaparición por parte de la delincuencia organizada.
Pese a ello, en el Gobierno de López Obrador se echó para atrás dicha versión por otra en la que se señala la participación de las autoridades en los hechos, al punto de que se la ha considerado al caso un “crimen de Estado”.
AR