Detrás de la liberación del asesino de José Eduardo Moreira, Rubén Sifuentes Cadena, alías El Shagui, está el fallo de un juez, el Séptimo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, Samuel Meraz Lares, quien decidió reclasificar el delito de “posesión de drogas para fines de comercio” y lo cambió a “posesión simple” con lo que El Shagui salió libre el 12 de agosto de este año y dos meses después ejecutaría a sangre fría a Moreira.
Lo que el juez consideró “posesión simple”, es decir para autoconsumo, fueron un paquete de 800 gramos de marihuana y 111 bolsitas también del estupefaciente con un peso de 200 gramos. La ley establece que una persona adicta puede poseer, para su consumo personal, hasta 4.99 gramos de marihuana y 4.99 miligramos de cocaína, cantidad que supera con mucho lo que portaba Sifuentes Cadena al momento de su detención. Pero además, información de la PGR sostiene que al presunto delincuente le practicaron exámenes toxicológicos que resultaron negativos, es decir, él no era consumidor de marihuana.
A pesar de eso, el juez Meraz Lares determinó reclasificar el delito contra la salud, según informa él mismo en un boletín del Consejo de la Judicatura, “al no advertir pruebas que demostraran, debidamente, que el narcótico asegurado estuviera destinado al comercio en su variante de venta”. El argumento del juez fue que la cantidad de droga que traía consigo El Shagui (890 gramos) “fue inferior al que resulta de multiplicar por mil el monto previsto en la tabla que se contiene en el Artículo 479 de la Ley General de Salud, que respecto a la droga mencionada (marihuana) es de cinco kilogramos”.
Según el juez, sólo con cinco kilos se pudo haber demostrado que la droga era para venderla y como justificación de ese argumento invoca el Artículo 195 del Código Penal Federal. Pero algo no estuvo bien en el fallo del Juez Séptimo en Materia Penal porque, tras la apelación de la PGR a su decisión, el Tribunal Unitario del Octavo Circuito desestimó sus extraños cálculos y echó por tierra sus argumentos para liberar a Rubén Sifuentes al considerar que existieron “indicios suficientes” para arribar a la certeza legal respecto a la culpabilidad del inculpado, por lo que el 10 de septiembre pasado modificaron el auto de libertad y ordenaron la reaprehensión de Rubén Sifuentes.
Es decir, que los magistrados del Tribunal sí consideraron que la marihuana que traía consigo El Shagui al momento de su detención era con la finalidad de venta, al ponderar que la detención se realizó en la vía pública, lo que indica una intención distinta de quien posee esa cantidad de droga que si la tuviera en un sitio resguardado. “Al encontrarse en la calle se cuenta con las condiciones favorables para su transmisión a terceros, siendo un hecho notorio que en la vía pública se facilita la venta de droga, pues la marihuana estaba distribuida en 111 bolsitas de plástico transparente y en un paquete de forma rectangular, presentación que se utiliza para su venta en el mercado clandestino”.
Todos esos elementos no fueron valorados por el Juez Séptimo de Distrito antes de reclasificar el delito que liberó al presunto asesino de José Eduardo Moreira. La pregunta es ¿por qué? El Consejo de la Judicatura ha defendido el trabajo del juez como “apegado a la ley”, pero las dudas ante los hechos despiertan toda clase de suspicacias. Y lo más claro y contundente: el mismo presunto delincuente que el juez Meraz Lares decidió liberar, dos meses después mató a sangre fría a un joven de 25 años. ¿Sirven ante eso las explicaciones jurídicas?
NOTAS INDISCRETAS… El tamaño de las diferencias entre los diputados del PRD hizo que al final los demás partidos decidieran dejar en blanco los nombres de las presidencias de perredistas ante la rebatiña que se desató entre los amarillos. El golpeteo en la bancada perredista es ahora por ver qué tribu se queda con las mejores presidencias… Por cierto, la importante Comisión de Radio y Televisión se la quedó el PVEM, aun cuando el PRD la quería para Purificación Carpinteyro. El PRI ya había pactado con el Verde, incluso desde su alianza electoral, dejarle esa Comisión que al PVEM le interesa por su “telebancada”. Es decir, que la Comisión por donde pasará cualquier reforma al tema de medios o concesiones, quedó bajo el control de Televisa y TV Azteca… Cierran los dados. Serpiente.