Sin datos oficiales y con una cifra negra, mañana culminarán las campañas electorales de la elección más grande de la historia, con más de 200 homicidios de candidatos, familiares y personas relacionadas con el proceso electoral.

David Saucedo, consultor en Seguridad Pública, señaló que estos comicios estarán marcados por un asunto grave, que son los ataques a familiares y entorno de los candidatos, con asesinatos y secuestros, como una forma de intimidar no solo a los aspirantes, sino a todos los que participan en la contienda.

Organizaciones como Integralia o Laboratorio Electoral han realizado análisis sobre el impacto de la violencia desde septiembre pasado, cuando arrancó la organización de las elecciones, basados en publicaciones periodísticas y reportes policiales, pero difieren en algunas de sus cifras.

Integralia, dirigida por el expresidente del IFE,LuisCarlos Ugalde, informó que el próximo 31 de mayo daría a conocer su último informe y, en un adelanto en sus redes sociales, indicó que van 225 homicidios de políticos y personas relacionadas con los comicios, de los cuales 34 serían candidatos; además, habría 711 víctimas de violencia electoral.

Mientras que Laboratorio Electoral, en su actualización de la semana pasada, coincide en la cifra de 34 aspirantes o candidatos asesinados, pero solo enlista 82 homicidios desde que inició el proceso electoral y un total de 190 víctimas de agresiones.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, que cita los informes de Integralia y la consultora Etellekt, en 2021, en las elecciones intermedias, fueron asesinados 36 candidatos o aspirantes y se reportaron 102 homicidios de políticos o personas relacionadas con los comicios.

Para 2018, hubo 152 asesinatos de políticos y personas relacionadas, mientras que se reportaron los homicidios de 48 candidatos o aspirantes.

Es decir, la cifra de candidatos asesinados, hasta el momento, sería menor que en las pasadas dos elecciones federales, pero sería mayor la estadística general de asesinatos de políticos y personas relacionadas con los comicios, por lo que habría un impacto mayor en el entorno cercano de los aspirantes.

 

PACTOS CRIMINALES

Para el especialista en Seguridad, David Saucedo, se pueden documentar las agresiones y asesinatos de políticos, por lo que la cifra negra estaría en cuántos candidatos pactaron con el narcotráfico por miedo a ser atacados.

Consideró que por cada ataque o amenazado a algún aspirante, su círculo cercano o familiares, hay otros participantes en la contienda que prefirieron negociar con los grupos delincuenciales, por lo que al llegar al poder deberán responder a sus intereses.

El experto detalló que durante este proceso electoral la violencia política impactó en mayor medida a los candidatos municipales, pese a que el Gobierno federal estableció un plan de protección a aspirantes, con más de 500 federales y locales a los que les brindaron escoltas militares, esto fue insuficiente para dar cobertura a quienes lo necesitaban.

Una de las consecuencias graves, dijo, es que en estas elecciones el crimen dirigió sus ataques no solo a los candidatos, sino a familiares y círculo cercano, como forma de intimidar no solo a ellos, sino a todos los participantes en la contienda.  

Señaló que se normalizó la violencia política y prácticamente el Gobierno federal y estatales estuvieron de brazos caídos ante los homicidios de aspirantes a cargos municipales.

“Siguió habiendo ataques y en ocasiones ya no eran contra ellos, sino contra sus familias, los candidatos que tenían algún tipo de blindaje sufrieron la lamentable pérdida de familiares, como los candidatos de Guanajuato”, expresó.

De parte de las autoridades, dijo, “existió una actitud de brazos caídos, no se ha respondido, no se atendió esa problemática y se convirtió en una ventana abierta para la impunidad que permite que sigan ocurriendo esos eventos”.

Explicó que una de las secuelas será la presencia de los narcoalcaldes que llegarán al poder, ya sea con amenazas o pactos del crimen organizado, por lo que un vasto territorio del país estará bajo el control de los cárteles del narcotráfico.

El especialista en temas de Seguridad apuntó que los criminales piden a los gobiernos municipales aprobar o nombrar a los secretarios de Seguridad.

Según su análisis, los grupos delincuenciales ahora también buscan colocar a funcionarios en otras áreas que controlan presupuesto para poner a sus empresas como proveedoras y lavar dinero.

“Lo que hacen los cárteles es generar anillos de protección política y anillos de protección policial para sus actividades criminales, ya no son los raterillos de la vieja escuela, ya tienen una base social de apoyo, tiene prensa a su favor, tienen autoridades que los respaldan, se trata organizaciones de macrocriminalidad, no son bandas aisladas de forajidos, sino que se trata de hasta proyectos políticos”.