La primera conclusión es evidente:

 

Andrés Manuel López Obrador mandará hasta el día último de septiembre y luego sabremos si le entrega el poder a Claudia Sheinbaum.

 

Algo han traslucido los medios.

 

La candidata presidencial ganadora pidió gradualidad y hasta propuso foros y esa mascarada llamada parlamento abierto para retrasar la aprobación de las reformas.

 

Pero López Obrador no estuvo de acuerdo y ordenó a sus huestes en la Cámara de Diputados, comandadas por Ignacio Mier, dictaminarlas en las próximas semanas.

 

Los proyectos deberán estar listos a más tardar en agosto, último mes de la Legislatura LXV, a fin de aprobarla en septiembre próximo, primero de la LXVI.

 

Es decir, López Obrador tomó la determinación y así será: en compañía del Congreso de la Unión, modificará gran parte de la estructura constitucional con severos daños al Poder Judicial, el Estado de Derecho y la desaparición de órganos autónomos de contrapeso.

 

DISCREPANCIAS

 

Antes de seguir, una acotación:

 

Hay muchas coincidencias de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López en torno a las dos docenas de iniciativas y en las 18 modificaciones anunciadas el 5 de febrero a la Constitución.

 

El tema es de matices.

 

La ganadora de las elecciones piensa en una gradualidad de forma y de fondo: calendarizar las discusiones y aprobación quizá a lo largo del próximo período ordinario, de septiembre a diciembre.

 

A esa forma se agregaría el fondo: la reestructuración del Poder Judicial no sería en los términos presentados -la instrucción presidencial es aprobarla sin modificar ni una coma-, sino con ajustes.

 

Por ejemplo, para los cargos mayores -magistrados y ministros- postular sólo a miembros del propio Poder Judicial pero con prestigio, comprobada honestidad y con experiencia.

 

También estaría a favor de la rotación a fin de no concentrar asuntos en un solo juzgado, tribunal o sala, pues ahora las decisiones se aglutinan en una persona, como sucedió con los amparos al AIFA y al Tren Maya.

 

LOS MODERADOS

 

1.- Ante la orden terminante, falta ver qué puede hacer el próximo gobierno.

 

Por ejemplo, el coordinador de foros y futuro canciller Juan Ramón de la Fuente promete negociaciones y buscar consensos tanto en el Poder Legislativo como en la vida nacional.

 

Lo mismo han ofrecido Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O y Marcelo Ebrard a los empresarios extranjeros con el propósito de generarles confianza y atraer inversiones.

 

2.- En lo judicial, cabe tomar en cuenta la advertencia de la agencia antidrogas estadunidense, la DEA:

 

Según el organismo de Greg Millard, el riesgo de abrir a elecciones libres a cualquier interesado facilitaría la intervención de los narcotraficantes y en general del crimen organizado.

 

Ellos impulsarían a sus propios abogados a cargos judiciales.

 

Y 3.- El gobierno mexiquense tomó una decisión atinada: involucrar a la ONU para crear un nuevo modelo de gestión del agua.

 

Primero invitó a Pedro Arrojo, relator especial sobre Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, quien en la centenaria Escuela Normal de Toluca llamó a “hacer las paces con el agua y promover una gobernanza democrática con el vital líquido”.

 

Cuánta falta nos hace.

 

     @urenajose1

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