En 2021, los trabajadores de México fueron atracados por un grupo de sinvergüenzas que, a cambio de favores, dinero o fuero, disminuyeron y limitaron un derecho constitucional que llevó, primero, años para conseguirlo y después décadas de lucha para conservarlo, me refiero al reparto de las utilidades.

En el sector obrero hubo cínicos, traidores e ignorantes que se hacen llamar líderes sindicales quienes, en su carácter de diputados o senadores, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia, fueron los que promovieron y votaron la reforma de ley que topó a 90 días las utilidades. Operaron en contra del sector obrero, de sus representados y sus familias.

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tiene historia, fue el 11 de abril de 1984 cuando la Constitución ordenó la integración de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, nombrado como el órgano competente para fijar y revisar el porcentaje de utilidades que le corresponden a los trabajadores con base en investigaciones y estudios de la economía nacional. Días después de este hecho, se publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Datos de la Secretaría del Trabajo indican que la última vez que se reunió la Comisión tripartita fue el 9 de septiembre de 2020, ahí decidieron mantener el porcentaje de utilidades a repartir entre los trabajadores en 10 por ciento, reconociendo que se tuviera un ingreso justo y recuperar poder adquisitivo.

Por mandato constitucional, nadie más que la Comisión puede ajustar las utilidades a repartir, pero diputados y senadores, entre ellos Napillo y mayoría de Morena de la LXIV legislatura, decidieron violar la Constitución y los derechos laborales e hicieron lo que quisieron, no realizaron estudios y mucho menos citaron a la Comisión para que ejerciera su competencia: cambiaron la Ley del Trabajo para imponer el tope a 90 días, dando un duro golpe a la economía de los mexicanos y mutilando un derecho de más de 40 años.

Desde 2022, los trabajadores fueron afectados por esta inconstitucionalidad, las utilidades cayeron de manera importante y las huelgas estallaron. Hoy esos líderes charros que votaron en favor de las empresas en contubernio con el Gobierno, no dan la cara a sus trabajadores, no les dicen la verdad. Por ejemplo, Napillo no ha sido capaz de acudir a Lázaro Cárdenas con los mineros de la Sección 271 que están en huelga desde hace cinco semanas exigiendo el 10 por ciento de las utilidades, no les ha dicho que él fue quien aprobó la disminución.

Todos los sindicatos de México callaron, no hicieron nada, el Sindicato Minero FRENTE que me honro en encabezar, fue el único que amparó a todos sus trabajadores contra esta violación y, curiosamente, los charros como Napillo y otros dizque líderes, cabildearon y unieron fuerza con la Secretaría del Trabajo para que nos nieguen los amparos y no recuperaremos lo que ellos nos quitaron.

Hoy, los charros están obligando a las empresas a darles el 10 por ciento de las utilidades en el contrato colectivo de trabajo, cuando es un derecho constitucional, lo peor, que la Secretaría del Trabajo está solapando esta práctica en lugar de hacer justicia y pugnar por el respeto a los derechos laborales.

Hemos recibido dos amparos y seguiremos con nuestra lucha para conseguir la inconstitucionalidad y recuperar las utilidades de todos los trabajadores de México, sin importar cuántos charros se nos pongan enfrente.

 

     @CarlosPavonC