Un Tribunal federal de apelación confirmó la no vinculación a proceso del exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, por el caso de la Estafa Maestra.
Por unanimidad, el Segundo Tribunal de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México votó a favor del proyecto que cancela la vinculación a proceso del exfuncionario, a quien se le imputó por la firma de un convenio con la hoy Universidad Intercultural de Sinaloa, que devino en el presunto desvío de recursos.
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De acuerdo con la sentencia del expediente 408/2023, “en el caso concreto, el Juez de Control determinó que no existe indicio razonable que permita suponer que la firma del justiciable es la que consta en el convenio general de que se trata”.
El Tribunal de Apelación confirmó la decisión del juez como “apegada a la legalidad, ya que la conducta atribuida al justiciable consiste en que en su calidad de servidor público indebidamente contrató servicios con recursos públicos, mediante la suscripción del convenio”.
La firma del funcionario en dicho convenio con una universidad resultó falsa, pues su defensa “aportó como dato de prueba el resultado del dictamen emitido el 10 de abril de 2023, por un perito particular en materia de grafoscopía y documentoscopía” que determinó que no fue escrita con su puño y letra.
La Fiscalía General de la República (FGR) no pidió el diferimiento de la audiencia para contravenir esa prueba, que era su principal indicio de la partición del exfuncionario en la Estafa Maestra.
A su vez, la FGR señaló que en otras seis copias de dicho convenio, en laguna, se encontraba la firma del exsubsecretario, pero esas copias están desaparecidas.
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“No existe algún indicio (dato de prueba) razonable que le permita suponer que probablemente el justiciable signó el convenio tildado de ilegal”, señala la sentencia.
El Tribunal de Apelación señaló que los fiscales solo se dedicaron a demeritar la actuación del juez que decidió no vincularlo a proceso, pero no entregaron pruebas que refutarán que la firma del exfuncionario fue falsificada.
“De los datos aportados por la fiscalía no se advierte alguno que permita suponer razonablemente que la firma que consta en el convenio general es la del justiciable; por lo que tales aseveraciones se califican de inoperantes por insuficientes”, señala el documento.
EAM