Especialistas, activistas y juzgadores advirtieron de las fallas y vulnerabilidad para los funcionarios judiciales que implicaría la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, como parte de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal.
En el quinto foro de diálogo por la reforma al Poder Judicial realizado en Xalapa, Veracruz, incluso alertaron que dicho Tribunal podría convertirse en una cacería de brujas para los jueces y magistrados.
“El actual sistema de disciplina presenta opacidad, la idea de un tribunal de disciplina independiente de la Suprema Corte y del órgano de administración y que por ser tribunal debería garantizar la publicidad de los elementos disciplinarios podría representar ciertas ventajas, aunque la manera en que está planteado implica riesgos graves”, expuso Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia.
Detalló que el principal problema es que las causales propuestas en la iniciativa para investigar y sancionar son muy generales y ambiguas, ya que contemplan como causas actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o la adecuada administración de justicia, e incluye actos de complicidad o encubrimiento a presuntos criminales.
Esto, dijo Pantin, abre la posibilidad de investigación cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de imparcialidad, objetividad e independencia, profesionalismo o excelencia.
“Nos parecer parece preocupante esta redacción porque es claramente contraria al principio de taxatividad de las normas sancionadoras, según la cual las normatividades deben describir con mucha precisión las conductas que están prohibidas y las sanciones que se impondrán a las personas responsables.
“En este caso los términos interés público o adecuada administración de la justicia son tan ambiguos que cada quien puede entender lo que quiere abriendo la puerta a que el tribunal realice una cacería de brujas”, expresó.
Advirtió que se abre la puerta a que los jueces sean investigados por el sentido de sus sentencias, algo que reprueban los estándares internacionales.
El término interés público, enfatizó la activista, es especialmente problemático porque la principal responsabilidad de las personas juzgadoras es velar por los derechos humanos de las personas y no por el interés público.
El investigador y doctor en Derecho Público, Manlio Fabio Casarín León, señaló que el tribunal de disciplina judicial compromete y vulnera las garantías nacionales e internacionales de independencia e imparcialidad, así como la capacidad técnica y autonomía de la rama judicial.
“Dentro de los aspectos más preocupantes de la iniciativa destacan la privación del derecho a un recurso efectivo y la intocabilidad de las determinaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que además de representar un modelo primitivo, comprometería la responsabilidad internacional del Estado mexicano al violar convenciones y tratados de derechos humanos, generándose sistemáticamente Estados de indefensión del personal judicial”, expuso.
Agregó que hay dudas de quién controlaría los actos y resoluciones del Tribunal de disciplina judicial y cómo garantizar que las resoluciones no sean arbitrarias y que obedezcan a motivaciones vinculadas por intereses políticos.
“A mi juicio, con el sistema de nombramiento de sus magistrados se crean incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia, esto es expedientes para sancionar a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas del régimen en turno o la parálisis ante coincidencias de afinidades políticas entre magistrados y magistradas o funcionarios judiciales sujetos a procedimientos sancionadores, evadiendo o evitando la aplicación efectiva de sanciones por la Comisión de Faltas Disciplinarias”, indicó.
Consideró que la reforma propuesta pretende crear dos estructuras orgánicas paralelas con diferentes cabezas, lo cual sumado a la que detenta la Corte puede propiciar una fragmentación peligrosa del Poder Judicial.
Para la magistrada del séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Hortensia Molina de la Puente, reconoció que se requiere una reforma, pero no de los poderes judiciales, sino del sistema de justicia en general, que sea estructural, seria, responsable, sin prisas ni sesgos.
“Hoy la discusión de una reforma judicial, que destaca la destitución masiva de juezas y magistradas, jueces y magistrados, pareciera hacernos retroceder, no solo décadas en la impartición de justicia, también nos rebota a espacios ganados como la meta de alcanzar designaciones paritarias en los órganos de justicia.
“En los últimos 30 años, sin lugar a dudas se ha avanzado. No quiero con esto evitar la autocrítica, indispensable en cualquier ejercicio para mejorar las instituciones, sino simplemente destacar que lo que se ha desarrollado a través de tres décadas de implementación y evaluación constante tiene bases sólidas desde las cuales podría continuar construyéndose (…) No podemos desconocer los logros en la capacitación y formación de personal jurisdiccional y de selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. La carrera judicial es pilar básico de nuestra institución y de nuestra función, y lejos de desconocerse debe reforzarse”, sentenció.
LDAV