Casi tres veces más casos que al inicio del sexenio, unidades especializadas sin concluir y estadísticas incompletas son el saldo que hasta el momento arroja uno de los delitos de más alto impacto en el país: el secuestro.

 

Los números son claros, de enero a agosto de este año se registraron, siempre sin conocer la cifra negra de lo que no se denuncia, 810 casos de secuestros, casi el triple de los que se registraron en el mismo periodo del primer año del sexenio. El promedio nacional de por lo menos tres plagios diarios.

 

Y al igual que con los homicidios, las cifras de este delito se han disparado en estados con problemas de delincuencia organizada, como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero; sin embargo, otras entidades, como el Distrito Federal, también han comenzado a registrar un repunte en el delito de secuestro en los últimos meses.

 

Respecto al número de personas desaparecidas, luego de haber sido secuestradas por la delincuencia organizada, es imposible establecer un diagnóstico, ya que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales cuentan con una estadística aproximada.

 

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas (PROVICTIMA), creada apenas hace un año, dijo que habían documentado hasta julio pasado 994 casos de personas que no están localizadas, pero estimaciones de organizaciones no gubernamentales apuntan que podrían ser hasta diez mil los desaparecidos.

 

Acuerdo incumplido

 

En 2008, luego del secuestro del hijo del empresario Alejandro Martí, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que incluía varios puntos, como la creación de unidades especializadas para combatir el secuestro en cada estado, con personal plenamente certificado y capacitado.

 

Empero, a cuatro años de distancia, ninguna de las entidades federativas ha concluido con la puesta en marcha al 100% de estas unidades, según la evaluación de organizaciones como México S.O.S. y, de hecho, solo 14 estados cuentan con las instalaciones físicas adecuadas para su operación.

 

“Nos encontramos con rezagos injustificables, como la falta de creación de las Unidades Antisecuestro que, salvo en casos excepcionales, no existen en el país”, declaró Alejandro Martí al hacer un balance del referido acuerdo en agosto pasado.

 

Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), dadas a conocer la semana pasada, revelaron que han sido evaluados en control de confianza mil 449 funcionarios de unidades antisecuestro de todo el país; es decir, cada estado cuenta con menos de 50 elementos evaluados en promedio.

 

Michoacán y Tamaulipas a la cabeza; DF también sube

 

Con 88 casos Michoacán encabeza este año la incidencia delictiva en materia de secuestros. Su registro es exactamente cuatro veces más elevado que el del 2007, cuando se contabilizaban 22 plagios, según los números del Sistema Nacional de seguridad Pública (SNSP).

 

Tamaulipas lleva el segundo índice más alto con 83 secuestros, lo que representa un incremento de más del 700% respecto a su índice al iniciar el sexenio. Le siguen el Estado de México con 81 secuestros, Veracruz con 55 y Guerrero con 48.

 

El caso del Distrito Federal también llama la atención, pues de acuerdo con las cifras de la propia Procuraduría capitalina, en los últimos 12 meses la ciudad acumula 68 secuestros, lo que evidencia un incremento del 32% en comparación con el periodo anterior.

 

Los estados que según la estadística oficial no registraron ni un secuestro de enero a agosto de este año son Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán.