ACUSACIÓN. Según Greenpeace, los requerimientos de agua para operar el proyecto superarían 22 veces el volumen anual del municipio de Santa Elena.
Foto: Especial | ACUSACIÓN. Según Greenpeace, los requerimientos de agua para operar el proyecto superarían 22 veces el volumen anual del municipio de Santa Elena.  

La organización Greenpeace México dio a conocer que una empresa turística solicitó a las autoridades ambientales federales la autorización para cambiar el uso de suelo forestal del Área Natural Protegida denominada Reserva Estatal Biocultural del Puuc, ubicada en el municipio de Santa Elena, Yucatán

Esto resultaría en la deforestación de más de 150 hectáreas de selva del estado, advierte la organización ambiental.    

Según Greenpeace, los requerimientos de agua para operar el proyecto superarían 22 veces el volumen anual destinado para todo el municipio de Santa Elena. 

En un comunicado publicado ayer, la organización ambientalista informó que presentó el 19 de julio pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una serie de comentarios y alertas respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de un megaproyecto de infraestructura turística en el mencionado municipio, a cargo de Grupo Xcaret. 

MEGADESARROLLO EN PLENA SELVA

De acuerdo con la ONG, dicho proyecto pretende construir un megadesarrollo turístico en plena selva maya y contempla, entre distintas obras, nueve hoteles de 18 pisos cada uno.   

“La empresa contempla albergar una capacidad máxima de 16 mil 200 huéspedes, cuatro veces la cantidad de la población actual de la localidad de Santa Elena, cercana a la Zona Arqueológica de Uxmal”, recalcan.   

Según Greenpeace, el proyecto incluye el desarrollo de macrolotes en diversas secciones del terreno, donde se planea construir más proyectos turísticos y espacios residenciales, lo que aumentará significativamente los impactos ambientales en los próximos años.  

No es la primera vez que Xcaret enfrenta controversias en Yucatán. El parque Xibalbá en Valladolid fue clausurado en 2022 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a su impacto negativo en los cenotes y ríos subterráneos.

La agrupación señala que “un proyecto de esta magnitud significa la deforestación de casi 160 hectáreas, lo que implicaría talar alrededor de 165 mil árboles”.