El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue colofón de una larga disputa entre el fallecido y el gobernador Rubén Rocha Moya, por el control político y financiero de la institución educativa.

 

Cuén fue asesinado el jueves pasado, en la noche, cuando hacía un recorrido por una colonia de Culiacán.

 

Días antes le había sido retirada la escolta de la Guardia Nacional, sin mayores explicaciones y sin saber quién dio la orden para que la protección le fuera retirada.

 

El exrector fue aliado de Rocha Moya en el 2021, para que el morenista ganara la gubernatura; el partido de Cuén Ojeda, el PAS, le aportó al hoy gobernador 90,000 votos.

 

Cuén Ojeda fue señalado como un intermediario entre Los Chapitos y Rocha, durante la campaña de 2021, aunque nunca se comprobó el vínculo.

 

De hecho, Rocha lo hizo secretario de Salud del estado, pero el cargo solo le duró unos meses debido a que el gobernador le quitó todo el respaldo político y financiero que requería el cargo.

 

Cuén Ojeda acusó una persecución política y judicial no solo del gobernador, sino principalmente del secretario de Gobierno y hoy senador electo, Enrique Inzunza Cázarez, señalado por varias trabajadoras por agresiones sexuales.

 

Ninguna acusación prosperó en su contra, pero ahí siguen las carpetas de investigación.

 

Cuén Ojeda pactó con el PRI, el PAN y el PRD una alianza con el PAS para las elecciones del 2024.

 

Como su partido, por ser estatal, no podía postular a candidatos al Congreso federal, “renunció’’ a la dirigencia del partido que fundó para afiliarse al PRI con lo que pudo acceder a una candidatura a diputado federal, cargo que obtuvo.

 

Pero la “renuncia’’ solo fue un formalismo legal, porque en los hechos él seguía siendo el líder indiscutido del PAS y desde esa posición no dejó de cuestionar duramente, en un podcast, el ataque de Rocha Moya a la universidad.

 

Su asesinato ocurre unas semanas después de que el vocero de la UAS sufriera un intento de asesinato en el mismo campus universitario, a plena luz del día.

 

El presidente López Obrador prometió que no habrá impunidad en este caso.

 

Si de verdad lo quisiera así, López Obrador debería ordenar que la Fiscalía General de la República atrajera el caso pues, en este momento, son las autoridades locales las que llevan la investigación.

 

Las mismas a las que el exrector acusó de querer asesinarlo.

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Nadie duda que las declaraciones del encargado de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, en torno al caso del atentado en contra de Alessandra Rojo de la Vega, tienen más carga política que judicial.

 

El tacto de elefante exhibido por Lara no solo perjudica al proceso de la investigación, sino que muestra la parcialidad de la institución en favor de una causa morenista.

 

Además de revictimizar a Rojo de la Vega, le da instrumentos para la parcialidad del funcionario, justo ahora que se corre el proceso para recontar 87 casillas impugnadas por la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, Caty Monreal.

 

Quien más pierde desde luego es la ciudadanía, porque el encargado de la fiscalía demostró que un caso que pudiera detonar en un escándalo y una sanción ejemplar, también está prejuiciado por una tremenda carga política.

 

A ver.

 

     @adriantrejo