La liberación del “gober precioso’’, Mario Marín, y la del exdiputado local del PRI en Oaxaca, Juan Antonio Vera Carrizal, ambos acusados por violentar a dos mujeres, conceden la razón a quienes pretenden una reforma del poder judicial.

 

Marín, exgobernador de Puebla, acusado de encarcelar y torturar a la periodista Lydia Cacho, fue excarcelado la madrugada de ayer por la juez segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica Carmen Ortuño Suárez.

 

Para la juzgadora, Marín “no representaba riesgo de fuga ni para la integridad de la víctima’’, por lo que, generosamente, cambió la prisión preventiva en el Altiplano por la prisión preventiva domiciliaria, el uso de un brazalete electrónico, la imposibilidad de salir de Puebla y una fianza de cien mil pesos.

 

Poco le importó a la juez el hecho de que la periodista haya tenido que huir del país, pagar cientos de miles de pesos en abogados, terapias; rechazar trabajos, etcétera.

 

Marín fue capturado el 3 de febrero del 2021 en Acapulco, en donde se escondía, y unas semanas después trasladado al Altiplano.

 

No se le ha declarado inocente, pero el hecho de haber cambiado la medida cautelar de prisión a su encierro dorado en su residencia, en donde tendrá todas las comodidades, es de suyo ya una injusticia para la víctima.

 

En la misma sintonía está el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido en el 2019, por órdenes de su expareja sentimental, el empresario y exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal.

 

El daño físico y psicológico sufrido por Ríos es inenarrable.

 

La policía local detuvo a los autores materiales del atentado quienes señalaron al empresario gasolinero como el responsable de haberles encargado “el trabajo’’.

 

Vera Carrizal anduvo huyendo hasta que fue detenido y encarcelado.

 

Ayer, el juez José Gabriel Ramírez Montaño, dictó ¡la inocencia! del imputado porque, de acuerdo al juzgador (que dictó sentencia de manera virtual), los abogados de la víctima “no lograron destruir’’ la presunción de inocencia de Vera Carrizal, acusado de feminicidio en grado de tentativa.

 

Lo mismo.

 

Para el juez de marras no importaron ni los testimonios que inculpaban al exlegislador mucho menos todo el daño físico, moral, psicológico que deberá llevar de por vida la víctima.

 

Somos muchos quienes defendemos la autonomía del Poder Judicial, pero casos como los dos anteriores, solo le dan argumentos a quienes quieren hacer cambios con bulldozer y no con bisturí.

 

Ni como ayudarlos.

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Con la novedad de que el fondo de inversión que demandó a Ricardo Salinas Pliego el pago de 110 millones de dólares de un préstamo a Elektra, resultó ser una fichita, como se dice en México.

 

Elektra informó ayer que Salinas Pliego ofreció en varias ocasiones, liquidar en su totalidad a Astor Asset Management 3 LTD, el préstamo conforme al presunto contrato, sujeto a que el fondo devolviera todas las acciones pignoradas a favor de Elektra.

 

La propuesta, informa Grupo Salinas, ha sido rechazada en múltiples ocasiones.

 

Por ello, y ante la posibilidad de fraude por parte de Astor en el uso ilícito de las acciones pignoradas como colaterales, Salinas Pliego inició acciones legales en contra del fondo en cortes del Reino Unido.

 

A partir de las denuncias del empresario mexicano, el juez de la causa ordenó congelar los activos de Astor y sus principales.

 

Esta denuncia le da un giro a la información con la que se pretendía exhibir un presunto incumplimiento de pago.

 

Astor ya tenía denuncias por haber vendido garantías de colateral de préstamos sin tener derecho a hacerlo.

 

    @adriantrejo