Muy diplomáticos, pero los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark, dejaron en claro que a sus gobiernos e inversionistas no les hace ninguna gracia la ocurrencia de elegir a jueces y magistrados a través del voto ciudadano.

 

Los embajadores de nuestros principales socios comerciales se habían mantenido a la expectativa en el tema de la reforma judicial lopezobradorista, pero ante la inminencia de su aprobación por la mayoría oficialista, salieron a pronunciarse en contra.

 

Y, aunque el tema criticado fue la ocurrencia de elegir a jueces y magistrados por la vía del voto, la realidad es que tanto a Estados Unidos como a Canadá les preocupa la reforma en su conjunto.

 

El más explícito fue Salazar, el amigou de López Obrador, quien directo dijo que la elección directa de jueces “representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México.

 

“Cualquier reforma debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política’’.

 

El embajador también advirtió que si se aprueba la elección de jueces en los años 2025 y 2027, como está previsto en el proyecto aprobado por Morena y sus rémoras, “amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México’’.

 

Al igual que muchas organizaciones civiles y especialistas en el tema de la seguridad y la justicia, Ken Salazar afirmó que las elecciones directas podrían hacer más fácil que los cárteles “y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas’’.

 

En esencia, el representante del gobierno estadounidense en nuestro país, replicó lo que desde hace meses actores nacionales han declarado, pero han sido descalificados por el propio López Obrador.

 

Desde ayer, en los corrillos presidenciales, se afinaba la estrategia para descalificarlo, comenzando por decir que se trató de una declaración “personal’’ y no del gobierno de Estados Unidos y que, efectivamente, las afirmaciones fueron injerencistas.

 

Lo mismo ocurrirá con lo que declaró, más cauto, el embajador canadiense Graeme C. Clark, después de una reunión con empresarios de su país quienes le manifestaron sus preocupaciones por la reforma judicial.

 

“La reforma puede afectar ese vínculo de confianza entre los inversionistas canadienses y el gobierno de México’’, dijo.

 

Ambos mensajes no pueden pasar desapercibidos para el gobierno mexicano pues una corrida financiera de los inversionistas de esos países pondría de rodillas a la frágil economía nacional.

 

Ojo.

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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió en la CDMX con Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública, para analizar estrategias y planificar las acciones de seguridad en el estado, el más importante en materia turística para el país.

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Ayer le comentamos en este espacio que la consejera electoral Claudia Zavala, preparaba un proyecto nuevo de reparto de las posiciones plurinominales en el Congreso.

 

El documento pretende que, en base a una nueva interpretación de la fórmula constitucional de reparto, el bloque Morena-Verde PT tenga 317 diputados y no los 364 que aprobó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que hoy será discutida en el pleno.

 

Así, Morena tendría 53 diputados plurinominales en lugar de los 75 aprobados; el Verde 8 en lugar de 20 y el PT ninguno en lugar de los 13 que se le asignaron.

 

Con este reparto Morena y aliados quedarían a 15 diputados de tener la tan ansiada mayoría calificada.

 

Se ve difícil, pero la propuesta ahí está.

 

     @adriantrejo