El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR) por la Fiscalía General de la Federación, la cual sería independiente del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, turnada a la comisión de Puntos constitucionales, tiene como objetivo que la Fiscalía sea un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios; dicha figura permitirá que el Ministerio Público deje de ser representante del Poder Ejecutivo para convertirse en un verdadero representante de la sociedad, señala la exposición de motivos.
Durante la presentación de la iniciativa, el panista Alberto Villareal señaló que la institución propuesta deberá realizar, a través del Ministerio Público de la Federación, la persecución y el proceso ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, así como solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, así como las funciones de búsqueda y presentación de pruebas que acrediten la responsabilidad de los delitos como actualmente sucede.
El también coordinador de la bancada panista en San Lázaro, anotó que la designación del titular de dicho instituto estaría a cargo del Senado, que elegiría al fiscal con los votos de dos terceras partes de los miembros de la Cámara alta y dejaría de estar al “arbitrio del poder Ejecutivo”. Así, dijo el panista, “las actividades de investigación y persecución del delito ya no estarán subordinadas a cualquier voluntad distinta de la de su propio titular”.
Villareal indicó que para el PAN siempre ha sido una prioridad contar con instituciones modernas que constituyan un verdadero equilibrio del poder “por ello, es que ahora se propone crear la Fiscalía General de la Federación como un organismo constitucional autónomo público”.
El legislador subrayó que el cambio no sólo es nominativo sino que se presupone como un cambio estructural de fondo, basado en la autonomía de las nuevas fiscalías y cuya actuación este alejada de cualquier tinte, interés o venganza política.
“Seguimos creyendo que las instituciones no deben utilizarse para fines personales o de grupo, sino que deben atender al bien común de todos los ciudadanos, por ello, sólo con instituciones fuertes y autónomas en la federación y en los estados, se abonara a que las decisiones en materia de procuración de justicia y representación social serán imparciales de los poderes clásicos instituidos”, apuntó.
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