Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza.
La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del Gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que aumentó la represión desde las protestas de 2018, según la ONU.
Un tribunal de Managua ordenó la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense” y “dispuso el decomiso de los bienes de los condenados”, según un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, criticó la retirada de la nacionalidad como “actos inhumanos y crueles” que “sólo sirven para aislar aún más a Nicaragua”, escribió X.
Por su parte, el gobierno guatemalteco dijo que “la opción de aplicar al asilo que ofrece Guatemala se mantiene” para los 135 nicaragüenses.